Las personas marginalizadas, que viven en situaciones precarias y no encuentran ningún tipo de solución ni en la institucionalidad ni en la economía nacional, son las más propensas a explotar un día y sonar sus calderos, cerrar una calle, incluso volcar una patrulla y saltarle y celebrar encima, porque quien es constantemente pisoteado por la ley y el orden, a veces logra encontrar, por lo menos, un pequeño alivio en el caos.
Esos son los vándalos y criminales que luego nombran los dirigentes gubernamentales, como si no fueran ellos los principales responsables de su hastío…
Daisy Rodríguez Alfonso tiene dos hijos, una adulta y un adolescente. Su hogar está en mal estado y no es muy amplio, mucho menos para un núcleo familiar que, según su libreta de abastecimiento, llega a la cifra de 25 personas. Vive con sobrinas, con sus propios hijos cada una, que han intentado tomar de vivienda locales abandonados del estado y las han expulsado sin más, sin darles ninguna esperanza de resolución para su problema, aunque la familia tenga un expediente abierto en la oficina de vivienda del municipio 10 de octubre desde 1992, aunque una de sus tía-abuelas –la madre de Daisy – no haya soportado la lucha constante contra la pobreza que le tocó vivir y haya desarrollado problemas nerviosos que la llevaron a quitarse la vida hace unos años.
Daisy además, es seropositiva y padece del virus del papiloma humano, el cual, en el 2017, le provocó una concentración de células cancerígenas en el cuello del útero que devino en un tumor maligno. Pasó un tiempo con tratamiento de quimioterapia para reducirlo, y en 2021 los doctores decidieron que era necesario extirparlo mediante cirugía.
El 11 de julio de ese mismo año, Daisy estaba a dos casas del pasillo en cuyo fondo vive. Había fiesta, dominó, alcohol. Daisy tenía algunos tragos encima.
Cerca de las tres de la tarde, bajaron desde el Café Colón los manifestantes del barrio Santa Amalia y otros del oeste del municipio. Estaban magullados. Algunos iban chorreando sangre de las piernas o las cabezas. Ya se habían topado con la policía, que les había lanzado piedras y los había hecho retroceder con gas pimienta. Igual seguían amontonados y gritando: ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad!
Daisy se les unió. Fue hasta Toyo, donde volvieron a toparse con fuerzas policiales y hubo un choque fuerte. Ahí, los manifestantes volcaron la patrulla que luego, por las fotos de varias personas sobre ella, se haría símbolo del 11 de julio. Una de las personas que subieron a celebrar, por lo menos, el caos temporal, el golpe asestado al sistema que le daba de lado a su familia y había llevado a su madre al suicidio, fue Daisy.
Las cámaras la captaron parada durante unos diez segundos, no más, celebrando sobre aquella victoria de los alzados. Esos diez segundos de metraje, no más, fueron suficientes para una petición fiscal de 20 años de privación de libertad.
Al día siguiente, todavía con resaca de alcohol y adrenalina, Daisy comía una gelatina, como los médicos le habían recomendado que hiciera para levantar sus defensas. Estaba en un sillón, frente a la puerta de su casa, de espaldas a la entrada del pasillo y, por tanto, a la calle.
Ni siquiera vio entrar a los seis miembros de las tropas especiales, todos vestidos de negro, que fueron enviados a llevarse a una mujer enferma de cáncer. Los seis “avispas negras” que se la llevaron a rastras y la lanzaron a una guagua, sin decir a dónde ni por qué se la llevaban aunque las sobrinas de Daisy fueran detrás de ellos, gritando a coro por su tía.
Daisy no es la primera de su familia en ir a la cárcel. Un tío suyo, tras pasar un tiempo de condena, salió muy enfermo por la humedad y la podredumbre de la prisión. No duró mucho. Murió poco después de volver a libertad.
Con Daisy desde el principio, parece que las autoridades no quieren cometer ese error. No parecen querer que ni siquiera llegue a salir en libertad.
El primer mes de detención, en 100 y Aldabó, no le fue permitido a su familia llevarle ningún tipo de medicamentos ni se los dieron ellos. Luego la pasaron a la prisión Panamá, para personas con VIH, en la provincia de Mayabeque, donde sí dejan pasar medicinas, pero la familia no cuenta con la solvencia económica para pagar miles de pesos todos los meses y llevarle, por lo menos, sus retrovirales.
Daisy, desde que entró, por la pobre alimentación y la falta de medicinas, se puso anémica. Perdió fuerzas y peso, y a nadie le importó. No le mejoraron la dieta. No le pusieron tratamiento alguno, y solo después de que su tía Maritza luchara en tres ocasiones, buscando papeles y certificados médicos que en una ocasión incluso desaparecieron, aceptaron ofrecerle atención médica por su cáncer.
