16 NUEVOS PRESOS POLÍTICOS ELEVAN LA CIFRA TOTAL EN CUBA A 1.062

Mientras su gobierno se enfrenta al Examen Periódico Universal en estos días, el pueblo de Cuba sigue huyendo masivamente de una situación de represión, presos políticos y mala gestión insostenible

El Examen Periódico Universal a Cuba

A pesar de que el gobierno de Cuba enfrenta en estos días el Examen Periódico Universal, tal es el respeto por este mecanismo y su recién nombramiento por votación para formar parte del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que siguen produciéndose altas constantes en la lista de prisioneros políticos de Prisoners Defenders, 96 presos políticos nuevos en los últimos 6 meses, una represión generalizada, y la extorsión permanente para que abandonen la isla cientos de personas no afines al sistema, la crema precisamente de la intelectualidad cubana.

Como nueva Condenada de Conciencia en la lista (sometida a medidas cautelares de privación domiciliar de la libertad, impuestas por fiscales sin tutela judicial), merece la pena llamar la atención de una intelectual socialista muy premiada y querida en el círculo intelectual en Cuba que, como todo aquel que no comulga con la represión, el desdén de las autoridades por su pueblo, y la miseria, ha pasado de ser héroe a ser perseguida, detenida, encausada falsamente y será enjuiciada de forma sumaria y arbitraria. Alina Bárbara López Hernández es una intelectual excepcional que hace gala de la misma asertividad y precisión en su defensa que de valentía (y más teniendo en cuenta lo que enfrenta). Su juicio sumario estaba previsto para el día 16 de noviembre. La mala coordinación de los jueces hizo que establecieran dicha fecha, pero el régimen ha llamado a consultas al tribunal, por esto de seguir escondiendo su verdadera personalidad ante las Naciones Unidas, como si de un caso se tratara, y ha pospuesto la vista oral, oral y sumaria, para el día 28 de noviembre de 2023 a las 9 y 30 de la mañana en el Tribunal Municipal de Matanzas.

El día 25 de mayo de 2023, la Doctora participó en La Habana en “un intercambio” privado con Josep Borrell, el Alto Representante para política exterior de la Unión Europea, quien, siguiendo las órdenes, que así hay que denominar a las imposiciones ilegales del gobierno cubano, ^[1] no se reunió de forma pública con ningún ciudadano crítico de la sociedad civil, y mantuvo reuniones a hurtadillas de la opinión pública. El resultado fue el caso judicial de la Doctora, pues esto provocó que la Seguridad del Estado tuviera, por un lado, constancia de la “peligrosidad política” de la Doctora al tener vía directa con el Alto Representante, pero por otro evidenció una tímida apuesta de éste para avalar de forma pública la situación de persecución que ella, o quienquiera, sufre en Cuba. De este modo, y por el carácter privado de aquella reunión, disminuyó la percepción de su protección por parte del régimen y comenzó una persecución feroz contra la Doctora. Tras la responsabilidad indirecta del Sr. Borrell, ineludible en este caso de represión, sería vital que la visita de Eamon Gilmore a Cuba en estas semanas no adolezca del mismo error, pues podría causar efectos contrarios a los deseados si, en vez de mantener audiencias públicas, se vuelven a realizar a “escondidas” denotando poco o nulo apoyo por las personas con las que se reúnen. La Sociedad Civil necesita reuniones y apoyo público para su protección, no permitir un comunicado diciendo que “hubo reuniones”.

El caso de la Doctora Alina ha sido defendido por innumerables organizaciones de derechos humanos. Prisoners Defenders se unió a su defensa de la única manera que sabemos, con un dictamen jurídico y una denuncia penal formal, ya en curso y bien acogida, que pone de relieve el esperpento de un sistema procesal en el que se cumplen a rajatabla, y para todos los casos, y por Ley, al menos las siguientes violaciones estructurales al sistema procesal internacional:

1. Ausencia de tutela judicial para la privación de la libertad: policías y fiscales imponen medidas cautelares de prisión a los presos políticos en Cuba durante tiempo indefinido sin presencia ni participación de tribunales.
2. Inexistencia de abogados defensores independientes en Cuba pues los abogados dependen orgánica, jerárquica y económicamente del Ministerio de Justicia y actúan como fiscales “blandos” sobre los presos políticos en Cuba.
3. Dependencia orgánica legal absoluta de los jueces y los tribunales frente al poder político.
4. Los “testigos” son siempre acusadores funcionarios del partido comunista y las pruebas periciales están permitidas sólo al Ministerio del Interior.
5. Se criminalizan un abanico interminable de derechos fundamentales: libertad de expresión, manifestación o asociación, salida o entrada del país, la privacidad y otros muchos derechos son violados y motivo de causa penal para los presos políticos en Cuba.
6. Los tipos delictivos del Código Penal empleados, por su naturaleza, amplitud, severidad e indeterminación normativa, permiten la fabricación criminal sin límites: Desórdenes Públicos, Desobediencia, Desacato, Atentado, Resistencia, Sedición, Instigación a Delinquir o Propagación de Epidemia, entre otros, son usados contra los presos políticos en Cuba.
7. Se emplean procedimientos penales militares en Cuba contra presos políticos civiles (más de 100 el 11J) o procesos sumarios (cientos el 11J), pero también ordinarios, altamente violatorios de derechos con ausencia de defensa efectiva, derecho a la contradicción, igualdad de armas, privación de la documental a los acusados y, en los procesos sumarios, sentencias verbales de las que no queda constancia documental.

Los representantes de las Delegaciones de Naciones Unidas se enfrentan a varias situaciones que hacen que el Examen Periódico Universal sea tan fácil de aprobar como la carrera judicial en Cuba, para la cual las autoridades “te asignan” a dedo por tus cualidades políticas. Cuando en otros países, como en España, los juristas compiten en durísimas oposiciones donde no cabe la ignorancia, sino la destreza, el conocimiento profundo de las leyes y la capacidad de discernimiento, precisamente ahora que el dislate político gubernamental que sufrimos en este momento en España pone en duda tan injustamente ese nivel técnico e independencia tan envidiables, los cargos de la judicatura y la fiscalía en Cuba se ganan por “proposición” del Partido único como ya demostramos en los epígrafes II y VI de la denuncia penal por 520 casos de detención arbitraria y prisión de conciencia en Cuba. No obstante, hay honrosas excepciones, como en todo colectivo que, a pesar de ser “propuestos” tienen la destreza jurídica, pero son los profesionales que ya han huido en estos casi 65 años de distopía judicial y jurídica en Cuba.

En primer lugar, los representantes cuentan con informes resumen de cara al examen que omiten las detalladísimas condenas de 2 Relatorías de las Naciones Unidas frente a la esclavitud de las misiones médicas, cuyo nombre es bello pero cuyo contenido es, como dichas Relatorías sentenciaron, pura “esclavitud” y “trabajo forzado”, palabras textuales. Una condena más grave aún llegó del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, condenando en sus Conclusiones al Examen Periódico del Comité de 2022 que miles de niños estén forzadamente huérfanos de madre y/o padre porque su o sus progenitores decidieron “terminar un contrato civil en el extranjero”, y el Estado por ello les considera desertores, prohibiéndoles la entrada durante “hasta ocho años” al país, causando la “separación de niños de sus padres por la decisión de estos de terminar un contrato laboral”. También palabras textuales de dicho Comité en sus Conclusiones finales. Más de 5.000 niños en Cuba sufren el castigo a sus padres por dejar un trabajo civil, de médico entre otros.

Pues bien, en el examen periódico universal, los países tienen a mano un “resumen” de los stakeholders (famosas GONGOS incluidas, como la Asociación Cubana de las Naciones Unidas, presidida por Norma Goicoechea Estenoz, que pasó de ser Embajadora de Cuba en la UE a Presidenta de esta GONGO, continuando con su militancia y con su salario del Ministerio de Exteriores de Cuba) que incluye las alabanzas a las misiones médicas en sus escritos. Han excluido la referencia a las condenas de sus Relatores Especiales y Comité de los Derechos del Niño en este ámbito, pero han incluido el auto calificativo de Cuba a sí misma.

Es tan fácil conocer la esclavitud de las misiones que, más allá de los Certificados Consulares Oficiales de Cuba (1, 2, 3 y 4) que la describen, o los 1.111 testimonios del caso en activo y en trámite en la Corte Penal Internacional, o las condenas citadas y muchas otras (Parlamento Europeo incluido en 1, 2 y 3 resoluciones aprobadas por mayoría absoluta), esta conclusión es inmediata de la mera lectura del propio Código Penal de Cuba, que en su artículo 176 castiga abandonar libremente un “trabajo” de estos en el exterior con 8 años de cárcel, que sustituyen convenientemente con la prohibición de entrada por dicho período a los progenitores, que pierden a sus hijos y no les pueden volver a ver, muchos de por vida, porque además a los niños se les niega convenientemente la salida para crear un trauma colectivo, convenientemente arengado por los Comités de Defensa de la Revolución (CDRs), que haga que nadie del barrio ose dejar dicho trabajo esclavo jamás. Puro control social mediante el terrorismo de Estado, halagado en dicho informe. Pero nada le digo al lector si se le ocurre tener una mera lectura a la Ley que rige las misiones en el exterior: los médicos deben exponer sus relaciones amorosas al Jefe de Misión para que las apruebe, no pueden moverse de su localidad, ni pueden relacionarse con personas no aprobadas. Resulta complejo hacer la digestión con su lectura, pues revuelve las entrañas de cualquier ser humano.

No obstante, es admirable el trabajo de no pocos técnicos en Naciones Unidas, casi todos, más que admirable -y lo saben casi todos los técnicos de Ginebra que hacen todo lo que pueden-, y lo es más porque su trabajo lo tienen que realizar muchas veces en contra de la definición y tendencia de unos mecanismos de defensa que no lo son tal, sino meras relatorías, pues fueron creados con tal falta de recursos y de autoridad vinculante que países como Cuba pueden sentarse en el Comité de Derechos Humanos y ni las Naciones Unidas tienen defensa para un ultraje a los derechos humanos semejante.

Queda en manos de los diplomáticos y representantes de los Estados en Naciones Unidas elevar el nivel del Examen Periódico de Cuba y ayudar a un pueblo que se muere de represión, hambre y sed, aun siendo que el mayor suministrador de carne a Cuba, según la Organización Mundial del Comercio, desde hace décadas, con el 50% de la cuota de carne que entra en Cuba, son los Estados Unidos, ese país que es tan odiado que cualquiera que lo ataque, con o sin causa, incluso esclavizando a su pueblo, ya tiene la simpatía de un tercio o más del mundo, como es el caso de Cuba.

Para ese fin adjuntamos los informes alternativos presentados por Prisoners Defenders para el Examen Periódico Universal de Cuba, sobre temáticas troncales, para que quien quiera dar el paso de poner freno a Cuba en su Examen Periódico Universal, lo haga con el máximo de herramientas jurídicas posibles a su alcance:

• 11.000 condenados por peligrosidad social predelictiva: One pager (ES / EN) & Informe completo
• La Tortura en Cuba: One pager (ES / EN) & Informe completo
• Los 7 patrones de violación al debido proceso penal en Cuba: One pager (ES / EN) & Informe completo
• Detenciones arbitrarias, desaparición y prisión política: One pager (ES / EN) & Informe completo
• Esclavitud de las misiones en el exterior: One pager (ES / EN) & Informe completo
• Libertad de Movimiento y Ley de los 8 años: One pager (ES / EN) & Informe completo
• Represión al islam, cristianismo y religión yoruba en Cuba: One pager (ES / EN) & Informe completo
• Asociacionismo y Ley 54 de Asociaciones: One pager (ES / EN) & Informe completo
• Libertades y derecho a participar en la vida pública: One pager (ES / EN) & Informe completo
• Impunidad legislativa y estructural de las autoridades: One pager (ES / EN) & Informe completo

Prisioneros políticos verificados en Cuba este mes de octubre

Con cierre de datos a fecha 31 de octubre de 2023, la lista de prisioneros políticos en Cuba contiene un total de 1.062 prisioneros políticos y de conciencia sufriendo condenas judiciales o disposiciones de limitación de libertad por parte de las fiscalías sin supervisión judicial alguna ni defensa jurídica, en flagrante violación de la ley internacional que ampara el debido proceso y la defensa efectiva, lista que cada mes hacemos pública y distribuimos en todos los ámbitos políticos, diplomáticos y de defensa de los derechos humanos. Sólo en los últimos 6 meses hemos confirmado en Cuba y añadido a nuestra lista 96 nuevos presos políticos, 16 nuevos cada mes.

Han entrado este mes de octubre en nuestra lista 16 nuevos presos políticos en Cuba. Y han sido 6 los presos políticos que han salido de nuestra lista de Cuba este mes tras el cumplimiento íntegro de la sanción impuesta.

De los 1.062 prisioneros políticos:

• Los menores que siguen estando en la lista de prisioneros políticos son 30 niños y 4 niñas, en total 34 menores, los que aún cumplen sentencia (28 de ellos) o están siendo procesados penalmente (6 de ellos). En un informe a Naciones Unidas, el régimen recientemente reconoció la veracidad de estas cifras. Hay que tener en cuenta que la elevada cifra actual, sin embargo, no contempla otros muchos niños que ya han salido de la lista por haber cumplido íntegramente sus condenas. Buena parte de los menores se encuentran en prisiones presuntamente para menores, pero son centros de carácter totalmente penitenciario que eufemísticamente se denominan “Escuelas de Formación Integral”, pero no dependen del Ministerio de Educación, sino del Ministerio de Interior. En estos centros penitenciarios, con celdas, se confinan, como ya denunció el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas el 9 de junio de 2022 en su Informe de Conclusiones, un mínimo de 150 niños por debajo de los 16 años cada año en Cuba. El mismo Comité destacó también como son, además, en torno a 260 los niños de 16 y 17 años cada año en Cuba los que sufren privación de libertad en prisiones convencionales. 410 menores, por tanto, sufren prisión al año en Cuba, según ha podido confirmar la propia Naciones Unidas.
• 17 de los menores mencionados están siendo procesados o han sido ya condenados por “Sedición”. La pena media de estos menores condenados por sedición es de 5 años de privación de libertad, un castigo en promedio superior al que sufrían, antes del #11J, los adultos en prisión política. En la actualidad la mayoría se encuentran en reclusión domiciliaria o trabajo forzado sin internamiento.
• De nuestra lista actual, 224 manifestantes han sido acusados de sedición y al menos 209 ya han sido sentenciados a un promedio de 10 años de privación de libertad cada uno.
• La cifra de mujeres prisioneras actualmente es de 118 mujeres (incluyendo varias de género trans) las que siguen aún con autos y condenas políticas y de conciencia.
• Todas las mujeres trans en prisión de conciencia han estado y están encarceladas entre hombres, lo cual sucede también con las presas trans comunes, sufriendo situaciones, entre hombres, indescriptibles para su condición sexual.

819 Convictos de Conciencia, 213 condenados de conciencia y 30 otros

Convictos de Conciencia y Condenados de Conciencia son aquellas personas cuya privación de libertad, los primeros, o limitación de libertad (los segundos), sea consecuencia de:

1. La violación por motivos políticos, raciales, de género, ideológicos o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, del ejercicio de los derechos de libertad de conciencia, pensamiento, expresión, manifestación, reunión y/o asociación u otros derechos humanos fundamentales.
2. La violación por motivos políticos, raciales, de género, ideológicos o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, de los principios de presunción de inocencia y/o debido proceso o como consecuencia de una investigación prospectiva.
3. La violación por motivos políticos, raciales, de género, ideológicos o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, del principio de neutralidad, imparcialidad y/o derecho a la defensa.

En otro grupo más complejo de catalogar, Otros Presos Políticos en Cuba, incluimos casos en privación completa de la libertad, pero no catalogables como Convictos de Conciencia por acciones penalmente reprochables, si bien en su causal de origen está la represión de derechos fundamentales, y no la infracción o delito per-sé, y cuyos desproporcionados procesos y penas han sido ejecutados mediante una violación grave a sus derechos de defensa y debido proceso, causado todo ello por motivos políticos y/o ideológicos.

Por ello, los 1.062 prisioneros políticos verificados por su ejercicio de la defensa de sus derechos fundamentales se dividen en Convictos de Conciencia, Condenados de Conciencia y Otros Presos Políticos, que pueden ser examinados en nuestra lista de prisioneros políticos.

La clasificación actual de éstos es la siguiente:

• 819 Convictos de Conciencia
• 213 Condenados de Conciencia
• 30 casos de Otros Presos Políticos

La Pre-Delictiva: reconocemos en Cuba más de 12.000 prisioneros políticos

Reconocemos en Prisoners Defenders, durante el mes de octubre de 2023, 1.062 prisioneros políticos relacionados con un activismo o expresión pública evidente de oposición a las políticas gubernamentales, o en el ejercicio y/o la defensa de los derechos fundamentales del ser humano.

Pero también reconocemos otros más de 11.000 civiles, jóvenes -afrocubanos en su inmensa mayoría- no pertenecientes a organizaciones opositoras, con penas medias de 2 años y 10 meses, que sufren condenas “pre-delictivas”, es decir, sin delito alguno cometido ni en grado de tentativa. El Código Penal vigente hasta diciembre, y que les condenó, contemplaba que eran personas con tendencia a poder cometer delitos en el futuro “por la conducta que observa en contradicción manifiesta con las normas de la moral socialista” (Art. 72 de Código Penal vigente hasta diciembre pasado). Así, se les impusieron penas de 1 a 4 años de prisión sin delito: ni investigado, ni sucedido, ni cometido, ni tentativo. Cada año se ha condenado, desde hace décadas, a prisión a una media de 3.850 personas al año por esta causa, y el nuevo Código Penal da continuidad a las medidas predelictivas, como veremos a continuación.

El régimen argumenta en ámbitos diplomáticos (pero no se atreve a publicarlo) que ya no condena a presos por predelictiva debido a que han eliminado los artículos 72 al 84 en el nuevo Código Penal. Lo que no cuenta el gobierno son los artículos introducidos que permiten que todo siga exactamente igual, lo cual explicamos en el siguiente apartado. Una prueba evidente de que todo sigue igual es que todos los más de 11 mil condenados por predelictiva y por dichos artículos del Código Penal no han sido exonerados de sus condenas cuando entró en vigor el  nuevo Código Penal el 1 de diciembre pasado, pues el régimen ha introducido en el Código Penal nuevas formas de implementar esta medida de idéntica manera que en el pasado y las 11 mil personas condenadas por predelictiva seguirán condenadas.

La Peligrosidad Social Predelictiva en el nuevo Código Penal

No sólo permanecen condenados por predelictiva los jóvenes que fueron sentenciados antes de diciembre de 2022. En el nuevo Código Penal, que entró en vigor el pasado 1 de diciembre de 2022, se mantiene intacta la capacidad de condenas predelictivas, o sin delito. Así, el artículo 434.1. de este nuevo Código Penal indica que “La autoridad competente del Ministerio del Interior puede advertir oficialmente a quien de forma reiterada realice acciones que la hagan proclive a delinquir o a quebrantar el orden social y constitucional”. Esta advertencia se convierte inmediatamente en una condena penal gracias a los nuevos artículos introducidos para ello, como el artículo 189.3., que dispone hasta 1 año de prisión por no atender dichas advertencias, fijadas por el art. 434.1., de ser “proclive a delinquir o a quebrantar el orden social y constitucional”.

Lógicamente, estas penas se aplican, desde la adolescencia, a todos aquellos que osen mostrar desafecto por las políticas gubernamentales. También se emplean para satisfacer actos represivos personales y abusos de poder de tipo local, ideológico o político. Todos estos casos, gracias al nuevo Código Penal, se dirimen de forma sumaria mediante Atestado Directo (ES / EN / FR), un proceso policial sin posible defensa, como hemos explicado en nuestro anterior informe mensual.El mero informe de las autoridades policiales indicando una “conducta inadecuada” permite, sin delito alguno, encarcelar de forma sumaria año tras año, por decisiones inmediatas y sin posible defensa, a más de 3.850 personas condenadas cada año por esta sola causa en el país, para sumar una cifra estacionaria de 11 mil personas condenadas por su hipotética “peligrosidad predelictiva antisocial” en la Cuba actual.

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[1] Carta del SEAE reconociendo que la UE ha aceptado sólo reunirse con personas “aceptadas por ambas partes”: “The Parties recognise the potential contribution of civil society and may suggest to the other the convening of an event at the margins of the Dialogue with civil society organisations considered relevant by both sides aimed at sharing of experiences and knowledge on the items under discussion.”: https://drive.google.com/open?id=1UD9vJXTNoHxL_PRHzNHzfp8jJ8p6_UBK&usp=drive_fs