Presos políticos en Cuba: la lista crece en julio hasta los 1.119

3 nuevos presos políticos en Cuba incrementan de nuevo los datos auditados por Prisoners Defenders de personas que están procesadas y encarceladas por motivos políticos en el país caribeño. En el aniversario del 11J, la miseria, la represión de la totalidad del pueblo, el miedo de sus ciudadanos, la persecución de la prensa, la huida del país de miles de ciudadanos cada mes y el dolor de las familias y los presos, todos ellos torturados de las formas más viles posibles en prisión y sin de atención médica o alimentación adecuada, entre otras desgracias, describen la realidad cubana actual.

Escalada represiva contra la prensa independiente en el aniversario del 11J

Con motivo del tercer aniversario de las históricas manifestaciones del 11J en Cuba, el régimen ha desplegado un operativo represivo contra activistas y periodistas independientes por toda la isla.

El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) ha denunciado un alarmante incremento de las violaciones a la libertad de expresión y prensa en Cuba en julio, mes en el que se conmemoraron tres años de las masivas protestas que sacudieron a la isla.

En su último informe, ICLEP asegura que “desde los días previos al 11 de julio, el régimen cubano emprendió una fuerte escalada represiva contra periodistas y activistas, utilizando sus habituales métodos coercitivos, para silenciar las voces de los ciudadanos e impedir que el recordatorio de esta fecha sirviera para demostrar que el pueblo sigue teniendo las mismas razones para lanzarse a las calles en legítima protesta como lo hiciera en 2021”. A los cortes de internet y vigilancia se suman las citaciones de los periodistas de los medios independientes miembros de ICLEP: Orlidia Barceló Pérez, directora de El Espirituano; Juan Manuel Moreno Borrego, director de Amanecer Habanero; Mabel Páez, directora de El Majadero de Artemisa y Antonio Suárez Fonticiella, director de Páginas Villareñas, citados el 11 de julio, todos a la misma hora en sus diferentes localidades, donde fueron interrogados y amenazados por la policía política para que no reportaran ningún incidente ese día.

El 5 de julio el periodista José Luis Tan Estrada fue detenido, interrogado y advertido de que el 11 de julio debía abstenerse de hacer cualquier publicación en sus redes sociales. El reportero también tiene prohibido asistir a lugares públicos bajo amenaza de ir preso por desobediencia y desacato, informó el diario 14ymedio.

El 11 de julio la Seguridad del Estado estableció un cerco policial alrededor del domicilio de la periodista de Cubanet y corresponsal de ABC, Camila Acosta. Durante tres días, dos hombres y dos mujeres policías la vigilaron desde los bajos de su casa.

Al periodista independiente y expreso político del 11J, Carlos Michael Morales Rodríguez, que recibió una condena, arbitraria y fabricada, de 8 meses de prisión domiciliaria, el presidente del Tribunal municipal de Caibarién, Sandro Rodríguez, lo ha amenazado con enviarlo a prisión por negarse a trabajar para el Estado, lo cual constituye un claro indicador de trabajo forzoso, que constituye una de las formas contemporáneas de esclavitud. Su caso, y otros similares, han despertado el interés de funcionarios de Naciones Unidas, para los cuales hemos redactado un completo informe, y seguiremos de cerca esta situación. Carlos Michael cumplió una sanción de 2 años y medio de privación de libertad por participar en las protestas del 11J, pero la represión del régimen contra él no cesó y el 4 de mayo volvió a ser detenido y comenzó una huelga de hambre que le ha provocado gravísimas secuelas.

Brutalidad y tortura contra activistas que se encuentran en prisión política en Cuba

El activista y preso político Mario Alberto Hernández Leyva, vicepresidente del Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR), fue detenido arbitrariamente el 20 de junio de 2024 en La Habana y enviado directamente a prisión. El 15 de julio fue sentenciado a dos años de prisión tras ser acusado con formas y fondos falsarios y violatorios de todo derecho, de los delitos de “resistencia” y “desacato”.

A Mario Alberto le detuvieron violentamente el 23 de febrero de 2023 en la puerta de su casa. Sin orden de detención ni causa conocida, fue trasladado a la 6ta Unidad de la PNR de Marianao y posteriormente enviado a la prisión de Valle Grande, acusado de “resistencia”. El activista ha sufrido al menos 10 detenciones desde su excarcelación en enero de 2024.

Ya en 2014 Mario Alberto fue recluido sin tutela judicial en la prisión de Valle Grande, siendo excarcelado en enero de 2015, como parte de los 53 presos políticos puestos en libertad tras el acuerdo entre EEUU y Cuba. 10 meses más tarde el régimen volvió a encarcelarlo, condenado de nuevo de forma arbitraria a tres años de privación de libertad por organizar manifestaciones pacíficas. De nuevo fue excarcelado, que no “puesto en libertad”, pues libertad es lo que no existe en Cuba, y mucho menos en el ámbito del activismo de derechos humanos, el 9 de diciembre del 2017.

Actualmente, Mario Alberto está sufriendo todo tipo de golpizas y otros tipos de torturas y maltratos, como reivindica su organización.

Compraventa de presos políticos: el peligro de perpetuar a las dictaduras

Una vez más queda probado, en el caso de Mario Alberto Hernández Leyva, como en el caso de José Daniel Ferrer y de todos los presos políticos excarcelados que no se han sometido al régimen o que han salido del país para no poder volver, tal y como venimos constatando por más de 6 décadas, el uso recurrente de la perversa “puerta giratoria” que ejercen dictaduras tiránicas contra los presos políticos.

Este término, acertadamente acuñado por el Foro Penal de Venezuela, organización hermana que hace un trabajo encomiable desde hace años en Venezuela, y en estos días muy especialmente apreciado, define cómo estos tiranos negocian con los mismos activos, esto es, seres humanos inocentes encarcelados y torturados, y los “venden” una, dos, y muchas veces, a políticos de otra nación que a su vez, bien por incautos e inocentes, o bien oportunistas, poco reflexivos o incluso sin escrúpulos, venden a sus votantes como grandes éxitos los frutos de este comercio sobre supuestas “liberaciones” de nacionales de otro país. Al cabo de meses, aquellos de estos que vuelven a querer ejercitar sus derechos fundamentales, vuelven a ser detenidos, torturados, y entrar en prisión.

Al igual que ocurre con los medicamentos, estas estrategias de negociación son muy delicadas y en muchos casos es completamente contraindicado aplicarlas sin ser consciente de los efectos secundarios sobre la población afectada por ellas. Primero, porque no son liberaciones, sino excarcelaciones momentáneas en la mayoría de los casos, pero, segundo y más grave, porque si no se conducen con una visión global profunda y exenta de oportunismo, característica ésta última que es una verdadera pandemia entre los políticos, permiten la perpetuación de la tiranía, lo cual afecta a muchos millones de personas de forma negativa, pudiendo llegar a afectar al propio país del político negociador, como está pasando con el efecto para los ciudadanos de la Unión Europea por la guerra de Ucrania, en la que el régimen de Cuba (legitimado por casi una década por la Unión) y su influencia en los medios de prensa de numerosos países, están siendo clave para, por un lado, trasladar la narrativa rusa en buena parte del mundo, haciendo inviable el nivel de condena internacional que esa guerra criminal requiere, perpetuando las limitaciones a una salida y, por otro, apoyar militarmente a Rusia en el frente.

Lo que nunca es un error ante los crímenes de lesa humanidad en otro país es hacer todo lo posible, conforme permiten el derecho internacional y la propia soberanía, contra estas mafias gubernamentales como las de Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Rusia o Cuba. En vez de esto, que es más complejo de “vender” a sus votantes, es frecuente ver a los políticos, mientras ceden a viajes diplomáticos limitados y manipulados, apretones de manos, reuniones y sonrisas públicas, plantear bajo cuerda una suerte de negociaciones perentorias sobre supuestas “liberaciones” de presos. Si no son conducidas con la firmeza y el conocimiento adecuados, estas negociaciones, infructuosas en la mayor parte de los casos, suelen otorgar beneficios indudables al dictador mientras se producen y, si fructifican, derivar en acuerdos que otorgan a las mismas mafias causantes de los crímenes de lesa humanidad los fondos, capacidad de financiación, legitimidad y márgenes de tiempo para perpetuarse y perpetuar el sufrimiento de infinitamente más población que la que pudiera ser eventualmente excarcelada.

Yasser Rivero Boni

En 2014 el activista y preso político Yasser Rivero Boni recibió una brutal golpiza en el Combinado del Este por parte de agentes de la prisión: 36 bastonazos en la cabeza que provocaron que estuviera 11 días en coma y 6 meses en terapia intensiva. Su caso, por desgracia, en Prisoners Defenders lo conocemos bien. Es un buen muchacho que sólo se expresó de forma pacífica en la calle, en solitario, como lo hizo Luis Robles Elizástigui, otro preso político encarcelado por manifestarse en solitario de forma pacífica y defendido con resoluciones en la ONU, la CIDH y el Parlamento Europeo, entre otros, en reacción a las documentadas denuncias formales de su caso por parte de Prisoners Defenders en estas tres instancias, y al que maltratan y niegan reiteradamente sus beneficios penitenciarios.

Debido a la salvaje agresión, Yasser sufre hoy una gravísima maculopatía, glaucoma y una catarata traumática en el ojo izquierdo, que lo convierte en una persona con necesidad de atención médica permanente. Tras ser excarcelado, en 2023 el régimen volvió a encarcelarlo en la misma prisión, donde hoy se encuentra sufriendo desnutrición severa, con una presión ocular altísima e insoportable, con dolores de cabeza terroríficos, y todo ello carente de la atención médica que requiere.

Presos políticos verificados en Cuba este pasado mes de julio

Con cierre de datos a fecha 31 de julio de 2024, la lista de prisioneros políticos en Cuba contiene un total de 1.119 prisioneros políticos y de conciencia sufriendo condenas judiciales o disposiciones de limitación de libertad por parte de las fiscalías sin supervisión judicial alguna, debido proceso o defensa efectiva, en flagrante violación de la ley internacional, lista que cada mes hacemos pública y distribuimos en todos los ámbitos políticos, diplomáticos y de defensa de los derechos humanos. En los últimos 12 meses (1 de agosto de 2023 a 31 de julio de 2024) la lista de presos políticos de Cuba sumó un total de 160 nuevos presos políticos (un promedio de más de 13 presos políticos nuevos cada mes en Cuba). Esto supone que a lo largo de estos 12 meses estuvieron presentes en la lista un total de 1.193 prisioneros políticos, recordamos una vez más, todos ellos torturados.

Cuba ha totalizado 1.728 presos políticos presentes en sus cárceles desde el 1 de julio de 2021 hasta final del mes de julio pasado, en apenas 3 años y un mes.

Han entrado este mes de julio en nuestra lista 3 nuevos presos políticos en Cuba. Y 1 prisionero político ha salido de nuestra lista este mes pasado tras el cumplimiento íntegro de la sanción o medida impuesta.

De los 1.119 prisioneros políticos:

Los prisioneros que, detenidos siendo menores, siguen estando en la lista son 29 chicos y 1 chica, en total 30 menores. 28 de ellos aún cumplen sentencia y 2 aún siguen en proceso penal con medidas cautelares sin tutela judicial alguna. En su último informe a Naciones Unidas, el régimen de Cuba reconoció la veracidad de nuestras cifras. Hay que tener en cuenta que la cifra actual, sin embargo, no contempla otras muchas decenas de menores que ya han salido de la lista de presos políticos en Cuba por haber cumplido íntegramente sus condenas. Los menores en Cuba son prisioneros en centros de carácter totalmente penitenciario, auténticas prisiones, que eufemísticamente se denominan “Escuelas de Formación Integral”, pero no dependen del Ministerio de Educación, sino del Ministerio de Interior. En estos auténticos centros penitenciarios con celdas se confinan, como ya denunció el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas el 9 de junio de 2022 en su Informe de Conclusiones, un mínimo de 150 niños por debajo de los 16 años cada año en Cuba. El mismo Comité destacó también como son, además, en torno a 260 los niños de 16 y 17 años cada año en Cuba los que sufren privación de libertad en prisiones convencionales. 410 menores, por tanto, sufren prisión al año en Cuba, según han podido confirmar las propias Naciones Unidas.
15 de estos menores mencionados han sido ya condenados por “Sedición”. La pena media de estos menores condenados por sedición es de 5 años de privación de libertad, un castigo en promedio superior al que sufrían, antes del #11J, los adultos en prisión política. En la actualidad la mayoría se encuentran en reclusión domiciliaria o trabajo forzado sin internamiento.
De nuestra lista actual, 224 manifestantes han sido acusados de sedición y 223 ya han sido sentenciados a un promedio de 10 años de privación de libertad cada uno.
La cifra de mujeres actualmente prisioneras, incluyendo condenadas en limitación de libertad domiciliar, es de 119 mujeres (incluyendo menores y dos de género trans), las que aún sufren autos y condenas políticas y de conciencia.
Todas las mujeres trans en prisión de conciencia han estado y están encarceladas entre hombres, lo cual sucede también con las presas trans comunes, sufriendo situaciones, entre hombres, indescriptibles para su condición sexual.
Entre los presos políticos de Cuba hemos identificado 324 presos con patologías médicas graves sin tratamiento médico adecuado, y hemos podido confirmar que la causa se debe a la falta de alimentación, los maltratos, el ambiente represivo y su agravamiento por dicha falta de atención médica adecuada.

860 Convictos de Conciencia, 223 condenados de conciencia y 36 otros

Convictos de Conciencia y Condenados de Conciencia son aquellas personas cuya privación de libertad, los primeros, o limitación de libertad (los segundos), sea consecuencia de:

La violación por motivos políticos, raciales, de género, ideológicos o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, del ejercicio de los derechos de libertad de conciencia, pensamiento, expresión, manifestación, reunión y/o asociación u otros derechos humanos fundamentales.
La violación por motivos políticos, raciales, de género, ideológicos o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, de los principios de presunción de inocencia y/o debido proceso o como consecuencia de una investigación prospectiva.
La violación por motivos políticos, raciales, de género, ideológicos o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, del principio de neutralidad, imparcialidad y/o derecho a la defensa.

En otro grupo más complejo de catalogar, Otros Presos Políticos, incluimos casos en privación completa de la libertad, pero no catalogables como Convictos de Conciencia por acciones penalmente reprochables, si bien en su causal de origen está la represión de derechos fundamentales, y no la infracción o delito per-sé, y cuyos desproporcionados procesos y penas han sido ejecutados mediante una violación grave a sus derechos de defensa y debido proceso, causado todo ello por motivos políticos y/o ideológicos.

Por ello, los 1.119 prisioneros políticos verificados por su ejercicio de la defensa de sus derechos fundamentales se dividen en Convictos de Conciencia, Condenados de Conciencia y Otros Presos Políticos, que pueden ser examinados en nuestra lista de prisioneros políticos en Cuba.

La clasificación actual de éstos es la siguiente:

860 Convictos de Conciencia
223 Condenados de Conciencia
36 casos de Otros Presos Políticos

Desobediencia Penal Precriminal, presos sin delito: otros 11.000 prisioneros políticos

Reconocemos en Prisoners Defenders, durante el mes de julio de 2024, 1.119 prisioneros políticos relacionados con un activismo o expresión pública evidente de oposición a las políticas gubernamentales, o en el ejercicio y/o la defensa activa y pública de los derechos fundamentales del ser humano.

Pero también reconocemos otros más de 11.000 civiles, jóvenes -afrocubanos en su inmensa mayoría- no pertenecientes a organizaciones opositoras, con penas medias de 2 años y 10 meses, que sufren condenas “precriminales”, es decir, sin delito alguno cometido ni en grado de tentativa.

El Código Penal vigente hasta diciembre de 2022, y que condenó a la mitad de ellos aun cumpliendo pena, contemplaba que eran personas con tendencia a poder cometer delitos en el futuro “por la conducta que observa en contradicción manifiesta con las normas de la moral socialista” (Art. 72 de Código Penal vigente hasta diciembre de 2022). Así, se les impusieron penas de 1 a 4 años de prisión sin delito: ni investigado, ni sucedido, ni cometido, ni tentativo.

No sólo permanecen condenados por predelictiva los jóvenes que fueron sentenciados antes de diciembre de 2022. En el nuevo Código Penal, en vigor el pasado 1 de diciembre de 2022, se mantiene intacta la capacidad de condenas precriminales, o sin delito. Así, el artículo 434.1. de este nuevo Código Penal indica que “La autoridad competente del Ministerio del Interior puede advertir oficialmente a quien de forma reiterada realice acciones que la hagan proclive a delinquir o a quebrantar el orden social y constitucional”. Esta advertencia se convierte inmediatamente en una condena penal gracias a los nuevos artículos introducidos para ello, como el artículo 189.3., que dispone hasta 2 años de prisión por no atender dichas advertencias, fijadas por el art. 434.1., de ser “proclive a delinquir o a quebrantar el orden social y constitucional”.

DE LA “PELIGROSIDAD SOCIAL PREDELICTIVA” A LA “DESOBEDIENCIA PENAL PRECRIMINAL” PARA PRESOS POLÍTICOS EN CUBA

Lógicamente, estas penas se aplican desde los 16 años de edad a todos aquellos que osen mostrar desafecto por las políticas gubernamentales. También se emplean para satisfacer actos represivos personales y abusos de poder de tipo personal o ideológico. Todos estos casos, gracias al nuevo Código Penal, se dirimen de forma sumaria mediante Atestado Directo (ES / EN / FR), un proceso policial sin posible defensa, como hemos explicado en un informe del 6 de junio de 2024.

El mero informe de las autoridades policiales indicando una “conducta inadecuada” permite, sin delito alguno, encarcelar de forma sumaria año tras año, por decisiones inmediatas y sin posible defensa, a más de 3.850 personas condenadas cada año por esta sola causa en el país, para sumar una cifra estacionaria de 11 mil personas condenadas por su hipotética “Desobediencia Penal Precriminal” en la Cuba actual.

Cada año se ha condenado a prisión, desde hace décadas, a una media de 3.850 personas por esta causa, antes llamada Peligrosidad Social Predelictiva y a la que el nuevo Código Penal ha dado continuidad con la Desobediencia Penal Precriminal.

El régimen argumenta en ámbitos diplomáticos que ya no condena a presos por causas precriminales debido a que han eliminado los artículos 72 al 84 en el nuevo Código Penal, pero al mismo tiempo publica en el Granma cómo instruye a sus jueces para potenciar la nueva Desobediencia Penal Precriminal. [1]