En los últimos 12 meses (1/9/2023 a 31/102024) la lista de prisioneros políticos de Cuba sumó un total de 134 nuevos presos políticos (un promedio de más de 11 presos políticos nuevos cada mes en Cuba). Esto supone que a lo largo de estos 12 meses estuvieron presentes en la lista un total de 1.183 presos políticos en Cuba, recordamos una vez más, todos ellos torturados de forma escatológica sin que haya reacciones internacionales que lo impidan. Cuba ha totalizado 1.751 presos políticos presentes en sus cárceles desde el 1 de julio de 2021 hasta final del mes de octubre pasado, en apenas 3 años y cuatro meses. 653 de los actuales presos sufren patologías médicas causadas y/o agravadas fruto del maltrato
Un estado que no provee servicios básicos, pero muy activo en la represión
Los cortes en el suministro eléctrico son frecuentes en Cuba, pero el pasado 18 de octubre la isla enfrentó un gran corte de energía eléctrica que dejó a prácticamente a toda su población sin ésta durante 4 días, con las terribles consecuencias que esto supone, entre otras la pérdida de perecederos que agudiza la hambruna presente en Cuba. Muchas poblaciones con gran frecuencia tampoco tienen acceso al abastecimiento de agua. Esto no sólo se debe a que este suministro también depende de la electricidad disponible para los sistemas de bombeo, sino a las inexistentes o nefastas políticas de abastecimiento de agua corriente en la isla desde hace décadas.
La actual hambruna acontece mientras el régimen de Cuba ha mantenido en los últimos años cifras récord de insumos de carne provenientes del comercio de entrada de productos agroalimentarios, medicinas y otros muchos bienes de toda naturaleza, provenientes de los Estados Unidos, país que aporta más del 50% de la carne que entra en la isla, como se puede comprobar en la OMC (WTO). Este comercio con los Estados Unidos, cabe recalcarlo por la desinformación y propaganda en este sentido, colabora a alimentar a los habitantes de la isla y está plenamente activo desde hace más de dos décadas.
Muchas familias están cocinando con leña, y la falta de electricidad también está afectando a sus comunicaciones, principalmente móviles.
No obstante, la órganos represivos tienen más personal y dedicación cada día para acallar al pueblo al coste que sea. El pueblo cubano, por su parte, aun conociendo las consecuencias que conlleva la manifestación pacífica en la isla, la prisión política, salió estas pasadas semanas a la calle a protestar en distintos municipios, principalmente en Santiago de Cuba, Granma, Villa Clara y Camagüey, provincias de origen de la mayoría de los presos políticos incluidos en nuestra lista en el mes de octubre pasado.
Luis Adrián Pupo García fue arrestado sin orden de detención el pasado 18 de octubre después de que protestase en un parque de Santiago de Cuba debido al apagón general de 4 días. Fue acusado por los policías de un delito de “Desacato” y otro de “Desobediencia” y se encuentra en el Centro de Detención La Maya, en Santiago de Cuba. Ante su detención, el preso político no mostró resistencia alguna. Ya en la unidad policial de Las Matas, en Santiago de Cuba, mostró su inconformidad ante la solicitud de las autoridades de entregar su teléfono, y posteriormente, cuando fue trasladado a las celdas de la unidad policial, los agentes de la autoridad le golpearon. La represión contra Luis Adrián no es nueva. En marzo de 2024, el preso político interpeló a Miguel Díaz Canel en una reunión pública durante el recorrido que hizo el presidente por el municipio de Santiago de Cuba. Desde ese momento ha sido citado en decenas de ocasiones y le han puesto vigilancia las 24 horas del día.
Osvaldo Agüero es un conocido profesor de deporte de Villa Clara, ha sido arrestado sin orden de detención por participar en las manifestaciones pacíficas del 19 de octubre originadas por los cortes de electricidad y que tuvieron lugar frente a la Asamblea Municipal del Poder Popular del municipio de Manicaragua en Villa Clara. Fue detenido sólo por ser reconocido su rostro en vídeos de la manifestación publicados en redes sociales, que al mismo tiempo evidencian la ausencia de acción delictiva alguna. Actualmente se encuentra preso en la Unidad de Delitos contra la Seguridad del Estado de Villa Clara, sin tutela judicial.
Narbiel Torres López ha sido arrestado sin orden de detención igualmente en las manifestaciones de Manicaragua del 19 de octubre por los cortes de electricidad. Actualmente se encuentra detenido y sin tutela judicial en la Unidad de Delitos contra la Seguridad del Estado de Villa Clara. Según testimonios acreditados en su entorno, Narbiel se encontraba participando en una protesta pacífica, sin realizar actos de violencia ni vandalismo.
Nelson Caballero Díaz, casado y padre de dos menores, fue arrestado sin orden de detención e incomunicado el 18 de octubre en la sede de la Seguridad del Estado en Camagüey, sin tutela judicial. Una semana después fue trasladado a la prisión Cerámica Roja de Camagüey. La detención se produjo tras una agresión física que sufrió a manos de agentes de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y otros individuos en el municipio de Jimaguayú, en Camagüey, en respuesta a su reclamo público por el restablecimiento del servicio eléctrico en su localidad. Varios vecinos de la localidad tuvieron que intervenir para frenar la agresión. Tras la agresión, el detenido recibió atención sanitaria y obtuvo un certificado médico que acredita las lesiones sufridas, evidenciando el maltrato físico por parte de las autoridades. Sin embargo, tras hacerse público este documento, como represalia se le ha mantenido en régimen de incomunicación, sin permitir visitas de su esposa ni de otros familiares.
Pastor Domínguez Muñoz salió a la calle el pasado 28 de septiembre portando un cartel en contra del dirigente Miguel Díaz Canel, protestando y denunciando los prolongados apagones y la crisis de desabastecimiento de productos básicos que sufre el país. El 29 de septiembre las autoridades se personaron en su domicilio, lo arrestaron sin orden de detención, y desde entonces lo mantienen bajo custodia policial y sin tutela judicial en la localidad de Bartolomé Masó, en Granma.
La activista Yumaris Castillo Quesada, miembro del Partido Unión por Cuba Libre (PUNCLI), fue arrestada sin orden de detención de manera arbitraria el pasado miércoles 30 de octubre en el municipio Bartolomé Masó, Granma, y fue trasladada a la sede de la Seguridad del Estado de Granma, todo ello igualmente sin tutela judicial. Las autoridades no dieron explicaciones, ni argumentaron ningún motivo ante su detención. De igual manera, tampoco se han obtenido más datos por parte de las autoridades sobre su situación procesal actual.
Migdel Martínez del Toro fue arrestado sin orden de detención en la vía pública en marzo de 2023 en La Habana por haber expresado su rechazo al régimen cubano y a sus instituciones. Inicialmente, y tras varios interrogatorios en distintas sedes de la Seguridad del Estado, fue trasladado sin tutela judicial a la prisión Villa Marista, en La Habana. Allí los agentes de la seguridad le incoaban para que expresase su arrepentimiento por sus acciones y su actitud “contrarrevolucionaria”. Ante la negativa de éste, recibió golpes en las costillas cuando los carceleros le forzaban para que dijera “Viva Díaz – Canel“, “Viva la revolución“. Poco después, fue llevado a la prisión de Combinado del Este. La pena solicitada fue de 7 años de privación de libertad acusado de un delito de “Propaganda contra el orden constitucional”. Los jueces consideraron probados como hechos que el preso político “comenzó a manifestarse públicamente en contra del sistema socialista cubano y de sus instituciones estatales, realizando, además, publicaciones en contra del gobierno cubano“. Así mismo, a través de redes sociales “incitaba a las personas a que salieran a la calle y se manifestaran en contra del proceso revolucionario”. En su sentencia, el tribunal le condenó por estos hechos a 4 años y 6 meses de privación de libertad. El proceso de apelación fue declarado sin lugar. La madre del preso político indicó que el abogado de Migdel nunca le vio ni contactó con él antes del juicio. El mismo día del juicio le fue a ver y le recomendó que dijera que se arrepentía de todo, y que estuviese de acuerdo con lo que sus acusadores testificaran.
Prisión política: torturados, acosados, enfermos y sin beneficios penitenciarios
Continúa el acoso de las autoridades penitenciarias por órdenes de la Seguridad del Estado contra los presos políticos condenados por participar en actos de manifestación y/o protesta en Cuba. En el caso de los activistas en prisión política, el acoso, hostigamiento y amenazas se ha intensificado.
El activista animalista Gustavo Mena Artola fue detenido el 15 de septiembre de 2023 y desde el 28 de noviembre de ese mismo año cumple 2 años de condena por el delito de ‘Desacato” en la Prisión de trabajos forzados La Guanajera, en Santa Clara. El preso político, conocido como “San Lázaro Vigía” por tener un refugio para perros en Santa Clara, fue arrestado por publicar en Facebook un mensaje instando a los ciudadanos a salir a la calle para protestar a causa de los extensos apagones. En el transcurso de su juicio, caracterizado por irregularidades, se presentaron testigos que Gustavo nunca había visto, realizando aseveraciones fabricadas y, como resultado, fue condenado a una pena de 2 años de Trabajo Forzoso con Internamiento. Las autoridades le han advertido de que si quiere salir de pase a ver a sus familiares debe abandonar su activismo político. El pasado 22 de octubre le fue denegada la libertad condicional, a pesar de cumplir con todos los requisitos de buen comportamiento, y mientras estuvo enfermo tras ser contagiado por el Virus de Oropouche.
El activista y sacerdote yoruba, Loreto Hernández García , líder de la “Asociación Yorubas Libres de Cuba”, fue condenado a 7 años de prisión por participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en Placetas (Villa Clara), sentenciado por los delitos de “Desacato”, “Desórdenes públicos” y “Propagación de Epidemia”. El prisionero político padece polineuropatía diabética, hipertensión, cardiopatía isquémica y además sufre desnutrición severa. La situación de Loreto Hernández es cada vez más crítica dado que los agentes de la autoridad del penal no le dan los medicamentos que necesita para mantener estable su salud. Sufre tortura y malos tratos. Ha sido amenazado por un agente con estas palabras: “Negro contrarrevolucionario, te voy a matar por esa postura rebelde. Te voy a matar y no va a pasar nada“. El pasado 15 de octubre sus familiares fueron amenazados, obligados a desnudarse y ser cacheados por los carceleros de la prisión de Guamajal, en Villa Clara, cuando iban a visitarlo.
La esposa de Loreto Hernández García, la activista Donaida Pérez Paseiro, cumple una condena de 8 años en la Prisión de mujeres Guamajal, en Santa Clara. Ha sido internada en la enfermería de la prisión tras haber contraído el virus del Oropuche y presentar síntomas severos. No recibe el tratamiento adecuado, ni la atención médica que necesita. En enero de 2024, en respuesta a la denuncia de Prisoners Defenders, Naciones Unidas hizo pública una carta acusatoria que remitieron 5 Mandatos de derechos humanos al régimen de Cuba por el patrón gubernamental de control y represión religiosa institucional contra el Islam y las religiones católica, protestante y yoruba. Ambos son presos de conciencia reconocidos por múltiples organizaciones transnacionales.
El activista Roberto Ferrer Gener fue condenado a 15 años de privación de libertad, que cumple en la Prisión Combinado del Este en La Habana, acusado de “Sedición” por, supuestamente, “pagar dinero a los manifestantes” para que participaran en las protestas del 11 de julio de 2021. De la lectura de la Sentencia se desprende la clara animadversión existente en el tribunal hacia el condenado por su ya conocido activismo en distintas organizaciones como el Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR), el Movimiento Democracia (MD), el Partido Neocatólico, el Proyecto Emilia y la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU). El preso político ha denunciado las condiciones que sufren los presos políticos en prisión y los abusos de los que son víctimas a manos de los agentes de la autoridad. Recientemente han estado al menos una semana sin agua en la prisión. No le permiten recibir ni alimentos ni medicinas desde el exterior, siendo estas últimas imprescindibles para su salud pues sufre hipertensión, problemas gástricos, desnutrición y está perdiendo la visión. No recibe atención médica y sufre maltrato por parte de los agentes en prisión. Ferrer es padre de dos menores.
El activista Yasser Rivero Boni, preso político durante años, cuando obtuvo la fue de nuevo condenado a 1 año y 6 meses de privación de libertad por el delito de “Desórdenes Públicos” y extingue la sanción en la Prisión Combinado del Este de La Habana. Detenido el 1 de diciembre de 2022 cuando Yasser hacía cola en una tienda para comprar pollo, junto a los también activistas Ángel Cuza Alfonso y Lázaro Rolando Kessel Barrueto, y oficiales de la Seguridad del Estado les acusaron falsamente de alterar el orden. El pasado 23 de octubre a Yasser le prohibieron comunicarse vía telefónica con su familia y, ante la disconformidad, fue llevado a una celda de castigo y aislamiento en el Edificio 1 Norte de la Prisión Combinado del Este, donde fue maltratado violentamente. Desde entonces, ningún recluso ha sabido nada de él. Ante la negación de alimentos en prisión, solo se alimenta de lo que le proporciona su familia, por lo que se desconoce cómo se está alimentando en la celda de castigo y aislamiento. En 2014, sufriendo también prisión política por su activismo, recibió una brutal golpiza en el Combinado del Este por parte de agentes de la prisión: 36 bastonazos en la cabeza que provocaron que estuviera 11 días en coma y 6 meses en terapia intensiva. Debido a esta salvaje agresión, Yasser hoy sufre maculopatía, glaucoma y una catarata traumática en el ojo izquierdo.
Dixán Gainza Moré fue condenado a 6 años de privación de libertad por participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en la ciudad de Camagüey. Sentenciado por “Atentado”, “Desórdenes públicos” y “Propagación de Epidemias” extingue su condena en la Prisión “La Empresita”, de este mismo municipio. En prisión sufre amenazas por parte de otros presos que, a las órdenes de la Seguridad del Estado, le amenazaron indicando que “mantuviese los ojos abiertos” y que “estuviese atento“. El preso político ha denunciado las condiciones infrahumanas en las que cumple sanción en el penal. Alega que muchos de los internos del centro penitenciario duermen en el suelo, que los destacamentos sufren de filtraciones de agua, que la comida es insuficiente y está en mal estado y que, además, la asistencia médica es nula. El pasado 16 de octubre denegaron la libertad condicional, régimen que le corresponde de acuerdo con las leyes penitenciarias cubanas, pues ha cumplido 3 años y 4 meses en prisión. Su “abogada” (como todos los abogados en Cuba, dependiente del Ministerio de Justicia) no proporcionó la información del auto judicial a la familia impidiéndoles decidir si apelaban o no, proceso que tiene un límite de tres días hábiles. Es obligado a realizar trabajos forzosos para poder salir de pase cada dos meses, y las autoridades además le suspendieron los permisos penitenciarios como consecuencia de una huelga de hambre que llevó a cabo este pasado mes.
El prisionero político Yordan Esteban Brook Amador fue condenado 5 años de Trabajo Forzoso sin Internamiento bajo amenazas, por los delitos de “Atentado”, “Desacato” y “Desórdenes públicos”, por participar en las manifestaciones del 11 de julio en San Antonio De Los Baños, Artemisa. Se encuentra en detención desde el pasado 30 de octubre, cuando acudió con su madre al colegio de uno de sus hermanos, un menor que fue acusado de “contrarrevolucionario” por un compañero de la escuela, por ser el hermano de un preso político. La dirección de la escuela enfrentó a ambas familias y en ese momento el compañero del hermano (otro menor) agredió a Yordan. Las autoridades aprovecharon el altercado para detener a Yordan. Desde entonces está a la espera de un cambio de medida más severa para su condena.
El calvario de las mujeres en prisión política
El número total de mujeres actualmente privadas de libertad, incluidas aquellas bajo medidas de limitación de libertad, asciende a 120. Esta cifra incluye a mujeres que fueron detenidas siendo menores de edad y a dos mujeres transgénero. Las provincias con más mujeres víctimas de prisión de conciencia en Cuba son La Habana (25,21%), Matanzas (15,97%) y Mayabeque (12,61%), seguidas de Artemisa (9,24%), Camagüey (7,56%) y Santiago de Cuba (7,56%), y las edades actuales de estas presas políticas oscilan entre los 20 y los 67 años. Del total de estas 120 mujeres en prisión política, el 57,14% hoy en día se encuentran bajo régimen de privación de libertad y el 42,86% están condenadas, o bajo autos fiscales, con privaciones parciales de su libertad. El patrón de adaptación del régimen cubano respecto a las torturas contra las mujeres se diseña potenciado sus mayores vulnerabilidades, afectando gravemente a su condición de mujer y, cuando tienen hijos, las autoridades centran el ataque en éstos y en privar parcial o totalmente sus relaciones materno-filiales.
La prisionera políticaReyna Yacnara Barreto Batista fue condenada a 4 años de prisión por enfrentarse verbalmente a algunos policías durante las protestas del 11J en Camagüey, tras que un señor mayor gritó “Patria y Vida” y uno de esos policías le propinó “un piñazo en la cara y lo desmaya”, según afirmó ella misma al medio independiente en la isla “La Hora de Cuba”. Esa escena quedó grabada en vídeo y éste, que se hizo viral, es el motivo del acoso que sufre desde entonces. Fue detenida con 19 años y encarcelada el 10 de marzo de 2022, con 20 años. Su familia afirma que Reyna Yacnara está viviendo un auténtico calvario dentro del penal. A pesar de su intachable conducta durante su encarcelamiento y los continuos esfuerzos de su familia por conseguir su libertad, los tribunales cubanos continúan negando a la presa política la reducción de su condena o la libertad condicional, que fue denegada en dos ocasiones. Reyna Yacnara Barreto fue trasladada a la prisión de máxima seguridad “Granja 5” tras exigir condiciones de vida básicas, acceso a alimentación, agua, y medicamentos dentro del anterior penal. Sufre dolor intenso en las cervicales y crisis de ausencia (“Absence Seizures”, en inglés).
La activista y poeta María Cristina Garrido Rodríguez fue detenida el 12 de julio de 2021 junto a su hermana Angélica Garrido Rodríguez (ahora liberada), y condenada a 7 años de prisión el 18 de febrero de 2022, sentencia que cumple en Prisión de mujeres de Occidente, El Guatao, en La Habana. Un testigo detalló lo ocurrido en la detención: “Por manifestarse el 11J, Angélica y María Cristina fueron detenidas por dos patrulleros donde había 6 policías uniformados y fueron arrestadas brutalmente y golpeadas. A tal punto que Angélica se desmayó por tres veces. De allí, fueron trasladadas para la PNR de dicho pueblo donde, al llegar al lugar, María Cristina fue golpeada por un policía uniformado de nuevo. Sobre las dos de la tarde fueron trasladadas para la San José de las Lajas hacía un Técnico de Investigación. De allí, trasladaron a María Cristina hacía un lugar llamado Prisión dé SIDA, ubicado en el mismo pueblo de San José de las Lajas. En ese lugar, María Cristina fue golpeada dos veces por una guardia uniformada; la mujer la golpeaba sin límite, a tal punto qué María Cristina se orinó por dos veces. Después de terminar las golpizas que les fueron dadas la arrojaron, literalmente, a una celda de tortura dónde no se podía ni sentar”. Esto sólo fue el comienzo de sus torturas, las producidas durante la detención. Angélica Garrido manifestó recientemente en el Parlamento Europeo que a su hermana la orinaron como forma de tortura y las dos, durante sus confinamientos, fueron víctimas de todo tipo de torturas inhumanas. Además de esto, los hijos de María Cristina están siendo sometidos a torturas psicológicas. A estas alturas del transcurso de su condena, María Cristina debía estar en un campamento donde tendría el beneficio de disfrutar de pases de visita a su casa, lo que aún no ha ocurrido a pesar de que las autoridades se comprometieron a ello. El pasado martes 12 de noviembre, su hermana Angélica Garrido, liberada el 10 de julio de 2024, narró algunas de las torturas, malos tratos y vejaciones a las que las han sometido en el “Foro Parlamentario Transatlántico por una Cuba Libre” en el Parlamento Europeo.
La presa políticaYadisley Rodríguez Ramírez es activista, miembro de Compromiso Democrático de Camagüey y periodista de la Agencia Audiovisual Palenque Visión. Acompañada por varios familiares, el 3 de mayo de 2021 fue detenida violentamente cuando celebraban del cumpleaños de uno de sus hijos, y entonaron la canción “Patria y Vida”, tema que se convirtió en el himno de las manifestaciones del 11 de julio en Cuba. Sufrieron tales agresiones que tuvieron que ser trasladados al hospital donde, por orden de la Seguridad del Estado, nunca les entregaron los partes médicos de lesiones. El 11 de julio de 2021 fue citada en dos oportunidades a la estación de policía de Camagüey donde, en la primera ocasión, le hicieron firmar un acta de advertencia por el delito de “Desórdenes públicos”. Finalmente fue sentenciada a 3 años y 6 meses de privación de libertad, subsidiada por trabajo forzoso sin internamiento. La presa política, obligada a trabajar como operaria de vectores en la Campaña, es constantemente vigilada, acosada y amenazada por la Seguridad del Estado debido a su activismo. Yadisley dio a luz hace unos meses y no cuenta con familiares que puedan cuidar de su hijo. El Juez de Ejecución, obviando esta situación, le ha indicado que debe reiniciar el trabajo forzoso de manera obligatoria o, de lo contrario, se revocará su sentencia y deberá cumplir el año restante en prisión.
La prisionera política Lisdiani Rodríguez Isaac fue condenada a 8 años de prisión por los supuestos delitos de “Desacato”, “Desobediencia” y “Atentado” por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021 en Placetas, Villa Clara, sentencia que cumple prisión de mujeres de Guamajal donde, el pasado 29 de octubre, el Mayor Alberiche, jefe del órgano interior de Villa Clara, entró a su celda cuando la presa política estaba ya en pijama y acostada. La levantó de la cama y le obligó a que se plantara firme frente a él, a lo que la presa política se negó. El oficial entró al cubículo sin la presencia de una funcionaria femenina, violando así el reglamento de la propia prisión. Fue agredida por los agentes de la autoridad del penal. Le golpearon en las manos, le golpearon en la boca, y la tuvieron de pie en las oficinas desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche. Además, le han retirado los derechos penitenciarios de recibir llamadas telefónicas y de pase para visitar a su familia, con el objetivo impedir que sus familiares puedan ver los hematomas.
Lisdani Rodríguez Isaac fue condenada a 8 años de prisión por las manifestaciones del 11J y por su condición religiosa como miembro de la Asociación de Yorubas Libres de Cuba. Fue excarcelada en mayo con una licencia extrapenal bajo amenazas por la intermediación de Naciones Unidas. Previamente, la Seguridad del Estado estuvo presionando a Lisdani para que abortara en contra de su voluntad, y la noticia fue difundida por decenas de medios de comunicación internacionales. Ciertos Relatores Especiales de Naciones Unidas, que ya habían defendido su caso de prisión política, reaccionaron contundentemente ante esta situación, lo que ocasionó su licencia extrapenal. El gobierno lo atribuyó a un dictamen médico de embarazo de riesgo para encubrir la única forma de presión que es efectiva para detener estas barbaridades del régimen de Cuba: una contundente condena pública por parte de autoridades con probada objetividad y de referencia internacional.
La activista y presa de conciencia Sayli Navarro Álvarez fue condenada a 8 años de privación de libertad, que cumple en la Prisión de mujeres La Bellotex, de Matanzas, donde ha sido sometida a distintas formas de tortura y malos tratos desde su detención y posterior encarcelamiento. Las autoridades carcelarias de Matanzas han suspendido las visitas intercarcelarias y las llamadas telefónicas entre Sayli Navarro Álvarez y su padre, el también activista y preso de conciencia Félix Navarro Rodríguez. El 13 de noviembre de 2024, padre e hija llevaban 68 días sin verse. El Instituto Patmos ha otorgado su Premio Anual 2024 a ambos activistas.
La prisionera política Yurema Ramos Abad fue condenada a 12 años de prisión por el delito de “Sedición”, por participar en las manifestaciones del 11 de julio de 2021 en La Güinera, La Habana. En septiembre fue trasladada a la Prisión de Trabajos Forzados Villa Delicia de La Habana desde la Prisión de mujeres de Occidente, El Guatao, La Habana. Tiene una hija de 5 años, que ha quedado desamparada por este delito fabricado que ha llevado a Yurema a la prisión política.
La activista, historiadora y antropólogaJenny Victoria Pantoja Torres es víctima de persecución política desde que en mayo de 2023 decidió unirse a las marchas convocadas por la historiadora Alina Bárbara López Hernández,protestas pacíficas simbólicas que realiza el día 18 de cada mes. Ha sido detenida al menos en tres ocasiones: el 27 de noviembre del 2023 cuando viajo a Matanzas para asistir al juicio de Alina Bárbara López, el 18 de junio de 2024, cuando fueinstruida por una causa de “Atentado” cuyo juicio aún está pendiente, y el pasado 18 de septiembre cuando fue interrogada durante 5 horas por el agente Ariel Arnau Grillet y por la Teniente Coronel conocida como “Kenia”, una represora que es muy conocida por su actitud violenta contra los activistas en La Habana. En palabras de la Teniente Coronel, la detención fue un encuentro de “neutralización” con el objetivo de obligarla a dejar su activismo por los derechos civiles. “Allí estuve en un calabozo, sufrí tortura psicológica… Saben de ti y pueden destruirte”, afirmó Jenny al ser liberada. Hostigada permanentemente, no siempre es visible la represión que sufre. Tiene bloqueadas las líneas y los datos móviles para que no pueda comunicarse. Tiene también una medida cautelar de reclusión domiciliaria por lo que solo puede salir de su domicilio para trabajar, por temas de salud y para realizar compras de primera necesidad. Desde el 17 hasta el 18 de cada mes tiene vigilancia durante las 24 horas para que no salga a las marchas pacíficas de esos días. El 22 de julio de 2024 la académica fue despedida de su trabajo como profesora de la Facultad Miguel Enríquez, de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, pero teme que “pueden llegar a hacer más cosas”.
Presos políticos verificados en Cuba este pasado mes de octubre
Con cierre de datos a fecha 31 de octubre de 2024, la lista de prisioneros políticos en Cuba contiene un total de 1.117 prisioneros políticos y de conciencia sufriendo condenas judiciales o disposiciones de limitación de libertad por parte de las fiscalías sin supervisión judicial alguna, debido proceso o defensa efectiva, en flagrante violación de la ley internacional, lista que cada mes hacemos pública y distribuimos en todos los ámbitos políticos, diplomáticos y de defensa de los derechos humanos. En los últimos 12 meses (1 de noviembre de 2023 a 31 de octubre de 2024) la lista de prisioneros políticos de Cuba sumó un total de 134 nuevos presos políticos (un promedio de más de 11 presos políticos nuevos cada mes en Cuba). Esto supone que a lo largo de estos 12 meses estuvieron presentes en la lista un total de 1.183 prisioneros políticos, recordamos una vez más, todos ellos torturados.
Cuba ha totalizado 1.751 presos políticos presentes en sus cárceles desde el 1 de julio de 2021 hasta final del mes de octubre pasado, en apenas 3 años y cuatro meses.
Han entrado este pasado mes de octubre, en nuestra lista de Cuba, 8 nuevos presos políticos. Y 4 prisioneros políticos ha salido de nuestra lista este mes pasado, todos ellos tras el cumplimiento íntegro de la sanción o medida impuesta.
Entre los presos políticos en Cuba hemos documentado hasta la fecha, en la lista actual, 653 presos políticos con patologías médicas graves y 63 presos políticos con trastornos graves de la salud mental, sin tratamiento médico ni psiquiátrico adecuado.
De los 1.117 prisioneros políticos:
- Los prisioneros que, detenidos siendo menores, siguen estando en la lista son 29 chicos y 1 chica, en total 30 menores. 28 de ellos aún cumplen sentencia y 2 aún siguen en proceso penal con medidas cautelares sin tutela judicial alguna. En su último informe a Naciones Unidas, el régimen de Cuba reconoció la veracidad de nuestras cifras. Hay que tener en cuenta que la cifra actual, sin embargo, no contempla otras muchas decenas de menores que ya han salido de la lista de presos políticos por haber cumplido íntegramente sus condenas. Los menores en Cuba son prisioneros en centros de carácter totalmente penitenciario, auténticas prisiones, que eufemísticamente se denominan “Escuelas de Formación Integral”, pero no dependen del Ministerio de Educación, sino del Ministerio de Interior. En estos auténticos centros penitenciarios con celdas se confinan, como ya denunció el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas el 9 de junio de 2022 en su Informe de Conclusiones, un mínimo de 150 niños por debajo de los 16 años cada año en Cuba. El mismo Comité destacó también como son, además, en torno a 260 los niños de 16 y 17 años cada año en Cuba los que sufren privación de libertad en prisiones convencionales. 410 menores, por tanto, sufren prisión al año en Cuba, según han podido confirmar las propias Naciones Unidas.
- 15 de estos menores mencionados han sido ya condenados por “Sedición”. La pena media de estos menores condenados por sedición es de 5 años de privación de libertad, un castigo en promedio superior al que sufrían, antes del #11J, los adultos en prisión política. En la actualidad la mayoría se encuentran en reclusión domiciliaria o trabajo forzado sin internamiento.
- De nuestra lista actual, 219 manifestantes han sido acusados de sedición y 218 ya han sido sentenciados a un promedio de 10 años de privación de libertad cada uno.
- La cifra de mujeres actualmente prisioneras, incluyendo condenadas en limitación de libertad domiciliar, es de 120 mujeres (incluyendo menores y dos de género trans), las que aún sufren autos y condenas políticas y de conciencia.
- Todas las mujeres trans en prisión de conciencia han estado y están encarceladas entre hombres, lo cual sucede también con las presas trans comunes, sufriendo situaciones, entre hombres, indescriptibles para su condición sexual.
- Entre los presos políticos hemos identificado 653 presos con patologías médicas graves y 63 presos con trastornos graves de la salud mental sin tratamiento médico ni psiquiátrico adecuado, y hemos podido confirmar que la causa se debe a la falta de alimentación, los maltratos, el ambiente represivo y su agravamiento por dicha falta de atención médica adecuada.
852 Convictos de Conciencia, 227 condenados de conciencia y 38 otros
Convictos de Conciencia y Condenados de Conciencia son aquellas personas cuya privación de libertad, los primeros, o limitación de libertad (los segundos), sea consecuencia de:
- La violación por motivos políticos, raciales, de género, ideológicos o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, del ejercicio de los derechos de libertad de conciencia, pensamiento, expresión, manifestación, reunión y/o asociación u otros derechos humanos fundamentales.
- La violación por motivos políticos, raciales, de género, ideológicos o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, de los principios de presunción de inocencia y/o debido proceso o como consecuencia de una investigación prospectiva.
- La violación por motivos políticos, raciales, de género, ideológicos o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, del principio de neutralidad, imparcialidad y/o derecho a la defensa.
En otro grupo más complejo de catalogar, Otros Presos Políticos, incluimos casos en privación completa de la libertad, pero no catalogables como Convictos de Conciencia por acciones penalmente reprochables, si bien en su causal de origen está la represión de derechos fundamentales, y no la infracción o delito per-sé, y cuyos desproporcionados procesos y penas han sido ejecutados mediante una violación grave a sus derechos de defensa y debido proceso, causado todo ello por motivos políticos y/o ideológicos.
Por ello, los 1.117 prisioneros políticos verificados en Cuba por su ejercicio de la defensa de sus derechos fundamentales se dividen en Convictos de Conciencia, Condenados de Conciencia y Otros Presos Políticos, que pueden ser examinados en nuestra lista de prisioneros políticos.
La clasificación actual de éstos es la siguiente:
- 852 Convictos de Conciencia
- 227 Condenados de Conciencia
- 38 casos de Otros Presos Políticos
Desobediencia Penal Precriminal, presos sin delito: otros 11.000 prisioneros políticos
Reconocemos en Prisoners Defenders, durante el mes de octubre de 2024, 1.117 prisioneros políticos relacionados con un activismo o expresión pública evidente de oposición a las políticas gubernamentales, o en el ejercicio y/o la defensa activa y pública de los derechos fundamentales del ser humano.
Pero también reconocemos otros más de 11.000 civiles, jóvenes -afrocubanos en su inmensa mayoría- no pertenecientes a organizaciones opositoras, con penas medias de 2 años y 10 meses, que sufren condenas “precriminales”, es decir, sin delito alguno cometido ni en grado de tentativa.
El Código Penal vigente hasta diciembre de 2022, y que condenó a la mitad de ellos aun cumpliendo pena, contemplaba que eran personas con tendencia a poder cometer delitos en el futuro “por la conducta que observa en contradicción manifiesta con las normas de la moral socialista” (Art. 72 de Código Penal vigente hasta diciembre de 2022). Así, se les impusieron penas de 1 a 4 años de prisión sin delito: ni investigado, ni sucedido, ni cometido, ni tentativo.
No sólo permanecen condenados por predelictiva los jóvenes que fueron sentenciados antes de diciembre de 2022. En el nuevo Código Penal, en vigor el pasado 1 de diciembre de 2022, se mantiene intacta la capacidad de condenas precriminales, o sin delito. Así, el artículo 434.1. de este nuevo Código Penal indica que “La autoridad competente del Ministerio del Interior puede advertir oficialmente a quien de forma reiterada realice acciones que la hagan proclive a delinquir o a quebrantar el orden social y constitucional”. Esta advertencia se convierte inmediatamente en una condena penal gracias a los nuevos artículos introducidos para ello, como el artículo 189.3., que dispone hasta 2 años de prisión por no atender dichas advertencias, fijadas por el art. 434.1., de ser “proclive a delinquir o a quebrantar el orden social y constitucional”.
Lógicamente, estas penas se aplican desde los 16 años de edad a todos aquellos que osen mostrar desafecto por las políticas gubernamentales. También se emplean para satisfacer actos represivos personales y abusos de poder de tipo personal o ideológico. Todos estos casos, gracias al nuevo Código Penal, se dirimen de forma sumaria mediante Atestado Directo (ES / EN / FR), un proceso policial sin posible defensa, como hemos explicado en un informe del 6 de junio de 2024.
El mero informe de las autoridades policiales indicando una “conducta inadecuada” permite, sin delito alguno, encarcelar de forma sumaria año tras año, por decisiones inmediatas y sin posible defensa, a más de 3.850 personas condenadas cada año por esta sola causa en el país, para sumar una cifra estacionaria de 11 mil personas condenadas por su hipotética “Desobediencia Penal Precriminal” en la Cuba actual.
Desde hace décadas, se ha condenado a prisión a una media de 3.850 personas al año por esta causa, antes llamada Peligrosidad Social Predelictiva y a la que el nuevo Código Penal ha dado continuidad con la Desobediencia Penal Precriminal.
El régimen argumenta en ámbitos diplomáticos que ya no condena a presos por causas precriminales debido a que han eliminado los artículos 72 al 84 en el nuevo Código Penal, pero al mismo tiempo publica en el Granma cómo instruye a sus jueces para potenciar la nueva Desobediencia Penal Precriminal. [1]
[1] Guardado en Web Archive: https://web.archive.org/web/20240605165025/https://www.granma.cu/cuba/2024-05-20/ante-el-delito-de-desobediencia-no-puede-existir-impunidad-20-05-2024-00-05-04
