16 presos políticos nuevos este diciembre, o 58 en el último trimestre, son sólo la punta del iceberg de la represión en Cuba, cuyo régimen ha totalizado 1.801 presos políticos presentes en sus cárceles desde el 1 de julio de 2021 hasta final del mes de diciembre pasado, en apenas 3 años y seis meses. Nada apunta a una presos liberados, sino a una excarcelación por beneficios penitenciarios negados durante años a 553 de ellos. La lista de prisioneros políticos de Cuba sumó un total de 166 nuevos presos políticos en 12 meses (14 nuevos cada mes). Un total de 1.219 prisioneros políticos han estado en la lista estos últimos 12 meses, todos ellos torturados, sin que haya reacciones públicas enérgicas de condena por parte de la Comisión Europea. 130 activistas, 22 artistas y 10 periodistas forman parte de la lista actual. 648 prisioneros sufren patologías médicas causadas y/o agravadas fruto del maltrato.
“Liberaciones”, ¿o excarcelaciones por beneficios penitenciarios negados durante años?
El Gobierno de Cuba, justo antes de la finalización de este informe, emitía ayer una escueta nota de prensa donde indicaba, con un lenguaje calculado y ambiguo, pero también con ciertos apuntes en lenguaje jurídico, que excarcelará a 553 personas, presuntamente privadas de libertad por haber participado en manifestaciones pacíficas, apuntan otras fuentes. Sin embargo, dice el comunicado, “las liberaciones se llevan a cabo sobre la base de un análisis cuidadoso a partir de las distintas modalidades que contempla la legislación“. “Estas personas“, dice la nota, “recibirán sus respectivos beneficios gradualmente“.
Hace años que Prisoners Defenders viene denunciando la violación de todos los beneficios penitenciarios a los que cualquier preso en Cuba debe tener derecho en el sistema penal cubano, y que han sido negados sistemáticamente a todos los presos políticos. Las familias de los presos del 11 de julio, y todos los presos políticos, llevan años reclamando dichos beneficios, y los tribunales cubanos han desplegado todo tipo de esperpénticos y antijurídicos argumentos para negarlos mes tras mes, año tras año.
Los presos excarcelados en estas condiciones no serían “liberados”, según se entiende por el comunicado, pues mantendrían sus condenas intactas. Lo correcto sería, por tanto, hablar de excarcelaciones por subsidios de pena. Si esto se confirmara, la noticia no sería tan positiva como quiere el régimen cubano hacerla parecer. Excarcelar, en Cuba, no es liberar. En ese caso, unos obtendrían la libertad condicional, otros quizá licencias extrapenales, y otros una serie de subsidios de pena, entre los que se incluye el trabajo forzoso sin internamiento. Todas estas excarcelaciones por subsidios de pena, manteniendo las condenas, si se confirma, no sólo distan mucho de ser “liberaciones”, sino que constituyen otro nivel de persecución, hostigamiento y represión domiciliar, al tener el exconvicto la amenaza permanente de la revocación a prisión. Este tipo de excarcelaciones, y hemos conocido cientos de ellas realizadas por el régimen de Cuba, generan estados de control y represión inasumibles para los excarcelados, y todos ellos, si no son sacados fuera de Cuba, sufrirán limitaciones de libertad y abusos tan desagradables y alienantes como los que ya han obtenido previamente dichos “beneficios”, de los que tenemos una experiencia estadística de cientos de casos.
Estas excarcelaciones, resulta obvio, surgen como respuesta del régimen cubano a una incansable presión de las abnegadas familias que han sufrido esta lacra, a la sociedad civil cubana, a numerosas ONGs y a los gobiernos que realmente han presionado al régimen de Cuba durante estos años con medidas eficaces para obtener algún tipo de respuesta. La causa, tras este movimiento, radica en el enorme menoscabo de la imagen del régimen cubano causado por su política de represión sistemática y masiva de los últimos años, que ha sido desvelada al mundo gracias al esfuerzo unificado de todos los activistas y numerosos y valientes familiares de los presos.
El tiempo pondrá las cosas en su sitio, pero no conviene olvidar que, en el último trimestre, el régimen de Cuba ha encarcelado a 58 nuevos ciudadanos por manifestarse reclamando servicios básicos, sin tener activismo político en la mayoría de los casos. Es decir, en 3 meses ha encarcelado a más personas que todas las liberaciones de presos políticos logradas por el presidente Obama.
Un gobierno que prepara esta medida al mismo tiempo que comete tal magnitud de encarcelaciones de inocentes simultáneamente sigue siendo el mismo régimen de ayer, de hoy, y de siempre. Nada habrá cambiado, salvo las prebendas que obtenga el régimen por este indecente “intercambio” (indecente en lo que respecta al régimen, no a quienes con buena voluntad han procurado el mismo) y el cambio en la vida de unos cientos de familias que sí puedan ver a sus presos políticos en casa de nuevo en un futuro próximo.
En Cuba, no obstante, hay 10 millones de cubanos ahogados por la represión. Nuevas familias, por desgracia, entrarán cada mes a formar parte de las que sufren la lacra de la prisión política, las torturas y un abanico innombrable de crímenes de lesa humanidad. Esos nuevos cientos de presos políticos, y aquellos a los que el régimen negará sus beneficios penitenciarios, son los que ahora deben centrar toda la presión y la atención pública y política.
Es vital, por tanto, que no haya un cambio de la presión política hacia a Cuba hasta que no cese la represión sistemática de la población, y el régimen, al menos, deje de actuar como lo que es: la más abyecta y longeva tiranía totalitaria del hemisferio occidental.
Al menos 22 artistas permanecen como prisioneros políticos
Cantantes, raperos, poetas, artistas visuales, músicos y artesanos suman condenas de más de 137 años.
El encarcelamiento de artistas es parte del patrón represivo del régimen cubano contra el ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Condenados por causas comunes como ‘atentado’ o ‘desórdenes públicos’ los artistas en Cuba son víctimas de persecución política.
La represión contra los artistas en Cuba se reforzó con la aprobación del Decreto 349 en abril de 2018, una ley que restringe la libertad de expresión de los artistas y les exige obtener permiso del gobierno para actuar tanto en espacios públicos como privados. Mediante dicha Ley, el régimen cubano decide quien es artista y quien no lo es.
En diciembre de 2024 han entrado en la lista de presos políticos dos artistas: Fernando Almenares Rivera , conocido como Nando OBDC, es un reconocido artista plástico y rapero, perseguido por el régimen cubano por proyectar en su obra la realidad social de los jóvenes en la isla y por promover la defensa de los derechos humanos. Fue detenido el 31 de diciembre de 2024, acusado de un fabricado sabotaje por el que le relacionan con el incendio que hubo en el Parque Lenin y trasladado a la prisión Villa Marista en La Habana; y José Adalberto Cañizares, artista visual, detenido violentamente el 1 de octubre de 2022 y condenado a 4 años de privación de libertad subsidiada por trabajos forzosos sin internamiento por su participación en una manifestación pacífica en El Vedado, La Habana, originada por la falta de electricidad durante cinco días. El prisionero político continúa enfrentando vigilancia, hostigamiento y amenazas de revocación del subsidio de pena, lo que cercena su libertad y, por ende, afecta gravemente a su carrera artística.
Continúan entre rejas, además, 15 artistas encarcelados por participar en las manifestaciones del 11 de julio de 2021, entre ellos se encuentran dos mujeres: Jessica Lisbeth Torres Calvo, artista visual, tatuadora y modelo, que fue detenida el 13 de julio de 2021 por participar en las manifestaciones del 11 de julio y sentenciada a 10 años de privación de libertad que cumple en la Prisión de Mujeres de Holguín; y María Cristina Garrido Rodríguez, poeta, escritora y activista, que fue detenida junto a su hermana, Angélica Garrido Rodríguez (ya en España una vez cumplida la condena), por su participación en las manifestaciones del 11 de julio de 2021, y condenada a 7 años de privación de libertad que cumple en Prisión de mujeres de Occidente, El Guatao, en La Habana.
Injustamente encarcelados, por ejercer su derecho a la libre expresión, reunión, asociación y manifestación en Cuba, permanecen los artistas internacionalmente reconocidos Maykel Castillo Pérez, Maykel Osorbo, cantante y autor, ganador de dos premios Grammy Latinos por su canción “Patria y Vida”, y el artista plástico Luis Manuel Otero Alcántara. Maykel fue detenido el 18 de mayo de 2021 y sufre una condena de 9 años de privación de libertad por los supuestos delitos de Desacato, Difamación de las instituciones y organizaciones y de los héroes y mártires, Atentado y Desórdenes públicos en la prisión Kilo 5 y Medio de Pinar del Río. Por su parte, Luis Manuel Otero Alcántara, elegido por TIME MAGAZINE como una de las 100 personas más influyentes del 2021 y galardonado con el Premio Príncipe Klaus ese mismo año, fue encarcelado desde el 11 de julio de 2021 bajo la falsa acusación de los delitos de Desacato, Desórdenes públicos y Ultraje a los símbolos de la patria, cumple una condena de 5 años de privación de libertad en la Prisión Guanajay de Artemisa. Ambos han sido declarados prisioneros de conciencia por Amnistía Internacional.
Randy Arteaga Rivera, uno de los músicos emergentes más interesantes del rap actual en Cuba, fue detenido por participar en las manifestaciones del 11 de julio de 2021, y condenado a 5 años de privación de libertad, sanción que cumple en la Prisión de Trabajos Forzosos Los Caneyes “La Guanajera” en Villa Clara.
Marlon Hitachi Paz Bravo, rapero, fue detenido con 22 años y condenado a 6 años de privación de libertad por participar en las manifestaciones del 11 de julio de 2021, que cumple su sentencia en la Prisión Valle Grande, La Habana.
Wilmer Moreno Suárez, conocido como Mister Will D’Cuba, es cantante, compositor y arreglista independiente, fue condenado a 18 años de privación de libertad por participar en las manifestaciones del 11 de julio de 2021, sanción que cumple en la Prisión Combinado del Este de La Habana.
Ibrahim Domínguez Aguilar, rapero, condenado a 10 años de privación de libertad por participar en las manifestaciones del 11 de julio de 2021, cumple su sentencia en la Prisión de Boniato de Santiago de Cuba.
Juan Enrique Pérez Sánchez, músico, condenado a 8 años de privación de libertad por participar en las manifestaciones del 11 de julio de 2021, cumple su sentencia en la Prisión Melena 2 de Mayabeque.
Rolando Sardiñas, rapero, conocido como El Koka, condenado a 12 años de privación de libertad por participar en las manifestaciones del 11 de julio de 2021, cumple su sentencia en la Prisión Agüica, Colón, en Matanzas.
Marcos Antonio Pintueles Marrero, músico y estudiante, detenido cuando era menor, cumple 5 años de privación de libertad condenado a trabajos forzosos por participar en las manifestaciones del 11 de julio de 2021, en Holguín.
Ángel Miguel Martín Caro es artista tatuador, y fue detenido por participar en las manifestaciones del 11 de julio de 2021, siendo condenado a 5 años de privación de libertad, que cumple en la prisión de Melena en Mayabeque.
Dayan Gustavo Flores Brito, conocido como Yan Crey es un músico del estilo musical de “reparto”, fue detenido con 22 años por participar en las manifestaciones del 11 de julio de 2021y condenado a 14 años de privación de libertad que cumple en la Prisión Combinado del Este de La Habana.
Fernando Ginarte Mora, artesano de la madera, detenido el 20 de julio de 2021 por participar en las manifestaciones del 11 de julio de 2021, fue sentenciado a 4 años de privación de libertad en régimen de trabajo forzado, pero se encuentra circunstancialmente con licencia extrapenal temporal bajo amenazas.
José Alejandro Rodríguez Gelin, poeta y alumno de la especialidad de Literatura española en la Licenciatura en Pedagogía del Instituto Superior Pedagógico de Matanzas, fue detenido con 22 años por participar en las manifestaciones del 11 de julio de 2021 y condenado a 5 años de privación de libertad que cumple en la Prisión Agüica, en Colón, Matanzas.
Los dos artistas que, por participar en protestas pacíficas, entraron en la lista de presos políticos en 2022 aún continúan cumpliendo condena. Es el caso de Alejandro Guilleuma Ibáñez, músico rapero que, detenido el 1 de octubre de 2022 por su participación en una manifestación pacífica en El Vedado, La Habana, fue condenado a 4 años de Trabajo forzado sin internamiento bajo amenazas, yDamián Pérez Gutiérrez, poeta, que fue detenido el 1 de octubre de 2022 por protestar pacíficamente en el municipio de La Lisa, La Habana, y se encuentra en la Prisión Villa Marista de La Habana.
Encarcelados en 2023, continúan en prisión los artistas Yasmany González Valdés, conocido como ‘El Libre’, artista rapero que fue detenido el 20 de abril de 2023 cuando la policía registraba su domicilio, condenado a 4 años de privación de libertad que cumple en la Prisión Combinado del Este en La Habana y Lázaro Leonardo Rodríguez Betancourt, conocido como “Pupito En Sy”, quien fue detenido el 26 de junio de 2023 por un delito de Difamación de las instituciones y organizaciones y de los héroes y mártires. Le acusaron por escribir una canción contestataria dedicada al Jefe de Cárceles y Prisiones de la provincia de Mayabeque. Fue condenado a 2 años de privación de libertad que cumple en la Prisión 1580 de San Miguel del Padrón, en La Habana.
La consideración de “artista” de esta lista sigue el criterio del Observatorio de Derechos Culturales (ODC) que monitorea, analiza y denuncia la censura contra artistas e intelectuales en Cuba.
Al menos 130 activistas de derechos humanos en la lista de prisioneros políticos
Hemos identificado en nuestra lista al menos a 130 activistas que cumplen condena como castigo por su lucha en la defensa de los derechos humanos. Como ocurre con los artistas, son víctimas de represión política, y permanecen condenados mediante la fabricación de falsos delitos comunes. 9 activistas de derechos humanos han entrado en la lista de presos políticos en diciembre de 2024, 6 de ellos encarcelados en la Prisión “El Típico Nuevo”, Las Tunas.
Gustavo Colás Castillo, activista, fundador del Proyecto de Bibliotecas Independientes de Cuba, fue detenido y privado de libertad sin tutela judicial el pasado 4 de diciembre cuando varios agentes de seguridad se personaron en su casa e hicieron un registro en búsqueda de “material propagandístico”. Acusado de Desacato, se encuentra en la Prisión “El Típico Nuevo”, Las Tunas.
Yoan Ricardo Llerena, activista, colaborador delObservatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), fue detenido, privado de libertad sin tutela judicial y llevado al Centro de Instrucción Penal el pasado 2 de diciembre, después de que los agentes de la Seguridad del Estado registraran su domicilio. Se le está fabricando un delito de Atentado y otro de Desobediencia por sus publicaciones en redes sociales. Ha sido trasladado a la prisión “El Típico Nuevo”, donde espera a que se celebre el juicio.
Guillermo Carralero López, Javier Reyes Peña yEnrique González Infante, activistas del PNC y Cuba Primero, fueron detenidos y privados de libertad sin tutela judicial en marzo de 2024 y trasladados a la prisión “El típico“, en Las Tunas. Allí, permanecen encarcelados hasta la actualidad sin acusación fiscal ni sentencia. Están siendo acusados de recibir financiación para realizar “actos contra la Seguridad del Estado”.
Carlos Alberto McDonald Ennis, activista del PNC y Cuba Primero, fue detenido y privado de libertad sin tutela judicial el 15 de marzo de 2024 por pertenecer a un grupo de Facebook. Los agentes le indicaron que había sido detenido por cometer un delito de Otros actos contra la Seguridad del Estado. Se encuentra en la prisión “El típico Nuevo”, en Las Tunas. Su causa no ha sido llevada a los tribunales y aún no dispone de acusación fiscal siquiera. Es un paciente enfermo de hipertensión y diabetes. Sufre de cardiopatías y además tiene un tumor en la cavidad nasal. Fue trasladado el pasado 3 de enero a una celda de castigo sin más motivo que torturarlo.
Divaldo Valcárcel González, activista, miembro del movimiento Recuperación Democrática, fue detenido y privado de libertad sin tutela judicial el pasado 3 de julio de 2024 por “denunciar los atropellos a los que son sometidos los cubanos“. Por ello, los agentes de la Seguridad del Estado le decidieron fabricar una causa por Instigación a delinquir. En agosto fue trasladado a la Prisión Combinado del Sur en Matanzas, sin sentencia ni acusación fiscal.
Ángel Pérez Bernal, activista, miembro del Movimiento Cubano Reflexión (MCR), fue detenido, privado de libertad sin tutela judicial y llevado al cuartel de la policía política (VIVAC) el pasado 30 de noviembre en Sancti Spiritus. Lo acusan de encabezar una protesta donde participaron prácticamente todos los habitantes del municipio Tunas de Zaza, el 20 de noviembre. Actualmente se encuentra en la Prisión Nieves Morejón, en Sancti Spiritus.
Edilberto Ronal Arzuaga Alcalá, activista de UNPACU y Cuba Decide, fue interceptado en la calle el pasado 6 de octubre por un agente de seguridad vestido de civil, mientras grababa con su móvil unos carteles en contra del Gobierno. Sin tutela judicial, fue llevado al centro de operaciones de la Seguridad del Estado de Camagüey, conocido como Villa María Luisa, y posteriormente trasladado a la prisión Cerámica Roja en la misma provincia. El preso político ha sido víctima de represión por parte de los agentes de la Seguridad del Estado en Cuba desde hace años. Fue detenido y privado de libertad sin tutela judicial en 2014, 2016, 2017, y en 2018, cuando sufrió un proceso penal fabricado por el que fue condenado a 14 meses de prisión por recoger opiniones de los cubanos acerca de la nueva Constitución.
Igualmente, han entrado en la lista de prisioneros políticos, en diciembre de 2024, Serguey Cobos Ruiz y Juan Carlos Pérez González, detenidos y privados de libertad sin tutela judicial en 2023. Han sido condenados a 18 y 15 años de prisión, respectivamente, por “haber participado en actividades consideradas ilícitas, como escribir consignas en espacios públicos y compartir grabaciones de estas acciones a un contacto en el exterior”, acusados de Atentado, Sabotaje y Propaganda contra el orden constitucional.
Islandy Torres Machado ha sido condenado a 5 años de privación de libertad por un delito de Sabotaje que cumple en la Prisión provisional de Cienfuegos. Ante la negación de atención médica en el penal ha realizado varias huelgas de hambre desde que fuera detenido, y en consecuencia, su salud está muy deteriorada.
Gregorio Rafael Ocaña García ha sido encarcelado en la Prisión Provincial de Villa Clara. Ha denunciado de manera pública la situación insostenible en la que extinguen sanción los presos en esta prisión. El preso político sufre diversas dolencias de salud, entre ellas inflamación hepática y cálculos en la vesícula, y en la prisión se niegan a suministrarle los fármacos que necesita para tratar sus enfermedades, por lo que padece de fuertes y continuados dolores.
Por último, sigue en la Prisión La Pendiente, de Santa Clara, en Villa Clara, Alexander Peraza García, de 28 años de edad, quien fuera detenido y privado de libertad sin tutela judicial el 7 de diciembre pasado, acusado de Propaganda contra el orden constitucional por agentes de la Seguridad del Estado debido a su labor como promotor y defensor de la Constitución de 1940.
Al menos 10 periodistas prisioneros políticos: 5 Convictos y 5 Condenados de Conciencia
En 2024 el régimen cubano ha agudizado aún más la censura con la Ley 162/2023, “de Comunicación Social”, que entró en vigor el pasado 4 de octubre.
Esta Ley 162/2023 ataca de forma frontal la libertad de expresión, libertad de prensa y otros derechos fundamentales. El marco normativo centraliza el control de los medios y otros espacios de comunicación, delegando la supervisión y regulación de los procesos comunicativos al Instituto de Información y Comunicación Social (ICS), bajo un enfoque que busca “fortalecer la unidad del pueblo” y defender la ideología y el “sistema socialista”.
La ley también abarca el control del ciberespacio, aplicando restricciones a las publicaciones en plataformas digitales, lo que afecta la libertad de expresión y prensa en internet. Además, al definir objetivos como la “comunicación política”, definida en la Ley como “contenidos que promueven el conocimiento de la historia, la teoría y la práctica revolucionaria”, que “legitima las ideas, los conceptos, los valores y los símbolos relacionados directa o indirectamente con el poder político y su consolidación”, y el “bien público” en el ámbito monopolístico del control estatal, legitima la censura de cualquier crítica o contenido que se considere contrario a los intereses gubernamentales.
Los periodistas independientes en Cuba están sometidos al acoso, hostigamiento, persecución y amenazas de cárcel por parte de las autoridades, amenazas que en gran parte de los casos se cumplen: hemos identificado en nuestra lista de presos políticos a 10 periodistas independientes; 5 de ellos continúan encarcelados y otros 5 cumplen condena sin internamiento, pero bajo amenazas, hostigamiento, represalias y, en algunos casos, bajo mecanismos de tortura física y psicológica.
Lo siguientes periodistas sufren condenas carcelarias:
- Jorge Bello Domínguez, periodista independiente,fuecondenado por un Tribunal Militar a 15 años de privación de libertad, que cumple en el Combinado del Este, en La Habana, por participar en las manifestaciones del 11 de julio de 2021.Es diabético, tiene problemas de visión y un fuerte dolor e inflamación testicular, pero se le niega la atención médica y su tratamiento en prisión. Lo mantienen recluido con presos comunes de alta peligrosidad. Ha sido objeto de diversas agresiones violentas, tanto por éstos como por los carceleros, y sufre una severa represión en el penal debido a su condición de periodista.
- José Gabriel Barrenechea Chávez, periodista independiente, fue detenido y privado de libertad sin tutela judicial el 8 de noviembre de 2024 y se encuentra sin tutela judicial en a la Prisión La Pendiente, en Santa Clara, Villa Clara. Barrenechea es autor de varios libros y ha colaborado con medios independientes como Árbol Invertido, 14ymedio y Cuba Encuentro. Desde 2019 está regulado (así llama el Estado a la prohibición de salida que tienen cientos de miles de cubanos) para impedirle salir del país. Se le niega el derecho a trabajar y sus libros están prohibidos en Cuba. Los policías penales, para acallar su voz crítica, le están fabricando un delito de Sedición por haber participado en las protestas pacíficas de su localidad natal.
- Yeris Curbelo Aguilera, periodista de Palenque Visión, fue sentenciado el 24 de septiembre de 2024 a 2 años de privación de libertad por un tribunal de Guantánamo. Su proceso penal y judicial, como el de todos los prisioneros políticos, estuvo marcado por incontables arbitrariedades y violaciones del debido proceso que ya han sido todas ellas denunciadas oficialmente por las Naciones Unidas. Condenado supuestamente por provocar “lesiones leves” a un individuo que lo intentó agredir, Yeris estaba siendo perseguido y hostigado por el régimen cubano tras denunciar el caso de 6 jóvenes condenados a entre 2 y 8 años de cárcel por manifestarse pacíficamente en 2023 en Caimanera.
- Luis Ángel Cuza Alonso, periodista, colaborador de Cubanet y activista, fue condenado el 6 de noviembre de 2023 a 1 año y 6 meses de privación de libertad por el supuesto delito de Desórdenes públicos, sanción que cumple en la Prisión Combinado del Este de La Habana. Luis Ángel ya sufrió prisión política anteriormente tras participar en las protestas pacíficas en apoyo a Luis Manuel Otero Alcántara. En esa ocasión, fue violentamente detenido y privado de libertad sin tutela judicial el 30 abril de 2021 y liberado en enero de 2022. Desde entonces ha sido detenido arbitrariamente en 10 ocasiones.
- Humberto Paz Gutiérrez, periodista independiente y activista de los Círculos Democráticos Municipalistas y del Consejo de Relatores de Cuba, fue detenido y privado de libertad sin tutela judicial el 21 de julio de 2021 por participar en las manifestaciones del 11 de julio de 2021y condenado a 5 años de privación de libertad en la Prisión Provincial de Canaleta, en Ciego de Ávila.Es la tercera vez que es encarcelado. En la primera ocasión, la policía política lo acusó de Peligrosidad Social Predelictiva (ahora vigente de nuevo mediante el artículo 189.3 y 434 del nuevo Código Penal, el delito conocido por Desobediencia Penal Precriminal) y lo condenó a 4 años por manifestarse en las calles en contra del régimen cubano.En la actualidad sufre acoso constante dentro del penal por parte de las autoridades. Es diabético, hipertenso y sufre desnutrición de grado 2.
Continúan cumpliendo sus condenassin internamiento, pero bajo fuertes amenazas, persecución y hostigamiento, diversos activistas que, por su condena y por su paupérrima situación de falta de libertad, permanecen aún en la lista:
- Uno de ellos es Carlos Michael Morales Rodríguez, periodista independiente y activista de Cuba Decide, que cumplió 2 años y 10 meses de privación de libertad por su participación en las manifestaciones pacíficas del 11 de julio de 2021. Después, su sanción fue temporalmente subsidiada por la de Trabajo Forzoso sin internamiento bajo amenazas, sanción que debió terminar el 3 de enero. La Seguridad del Estado no oculta que busca extender, sin tutela judicial, 6 meses más su condena. Diagnosticado con una insuficiencia cardíaca, no recibe tratamiento ni atención médica porque se niegan a atenderle en el sistema de salud en Cuba, una extensión más de las torturas que sufren estos condenados sin internamiento.
- Raúl Velázquez Valdés es periodista independiente y fue Director del ICLEP (Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa) fue detenido, privado de libertad sin tutela judicial el 30 de abril de 2018 y condenado a 10 años de privación de libertad. Raúl ya había sufrido antes cientos de detenciones por su activismo durante décadas. Falsamente, se le han fabricado dos delitos penales del capítulo I del Título XII del Código Penal, Trata de personas, proxenetismo y otras formas de explotación sexual, para desacreditarlo y evitar que ONGs internacionales con menores conocimientos y capacidades de análisis puedan ayudarle, por lo que ha estado relativamente oculto de las listas de presos políticos desde su detención. Su privación de libertad está siendo subsidiada temporalmente por la pena de Limitación de libertad bajo amenazas.
- Yadisley Rodríguez Ramírez es periodista de la Agencia Audiovisual Palenque Visión y coordinadora provincial de la organización “Compromiso Democrático de Camagüey”. Acompañada por varios familiares, el 3 de mayo de 2021 fue detenida violentamente y privada de libertad sin tutela judicial cuando celebraba el cumpleaños de uno de sus hijos, y ella y sus allegados entonaron la canción “Patria y Vida”. Todos sufrieron tales agresiones, que tuvieron que ser trasladados al hospital donde, por orden de la Seguridad del Estado, nunca les entregaron los partes médicos de lesiones, algo que, por otro lado, es la forma de proceder habitual de la Seguridad del Estado en Cuba en estos casos. Los “profesionales” médicos, trabajando para el Estado y bajo amenazas, violan su juramento hipocrático y profesional, al igual que ocurre con los médicos cubanos en misión en el exterior. Fue sentenciada a 3 años y 6 meses de privación de libertad, subsidiada por Trabajo Forzoso sin internamiento bajo amenazas. La presa política es obligada por el Juez de Ejecución a trabajar como operaria de vectores en la campaña de sanidad, y es constantemente vigilada, acosada y amenazada por la Seguridad del Estado debido a su activismo. Yadisley tiene un bebé y no cuenta con familiares que puedan cuidarlo. El Juez de Ejecución, obviando esta situación, le ha indicado que debe reiniciar el trabajo forzoso de manera obligatoria o, de lo contrario, se revocará su sentencia y deberá cumplir el año restante en prisión.
- José Antonio Torres Fernández es periodista, corresponsal en Santiago de Cuba para el diario estatal Granma. Fue detenido y privado de libertad sin tutela judicial en 2011 y sentenciado a 14 años, acusado de Espionaje por publicar una serie de artículos sobre la mala gestión de la construcción del acueducto de Santiago de Cuba y la instalación del cable de fibra óptica entre Venezuela y Cuba, a cargo de Ramiro Valdés. Permaneció más de 6 años en prisión, actualmente se encuentra temporalmente con el subsidio de su pena por Licencia extrapenal bajo amenazas.
- Omar Ortega Mendoza, comunicador, fuedetenido y privado de libertad sin tutela judicial en julio de 2021 tras denunciar el colapso sanitario en el hospital de Morón, en Ciego de Ávila, durante la pandemia de COVID-19, y condenado a 10 meses de privación de libertad. Fue de nuevo detenido y privado de libertad sin tutela judicial el 27 de septiembre de 2022, acusado de Instigación a delinquir por su labor de denuncia a través de las redes sociales, y condenado a 3 años y 6 meses. En julio de 2024 le fue otorgada la Libertad condicional bajo amenazas por los 8 meses restantes de su condena.
Los derechos de reunión, asociación y manifestación, perseguidos penalmente en Cuba
El día 27 de diciembre pasado, Prisoners Defenders y Consorcio Justicia denunciaron el mecanismo de detención indiscriminada y arbitraria de población civil en manifestaciones pacíficas del régimen, analizando la legislación y exponiendo 34 casos de nuevos presos políticos en tan sólo 3 meses. El Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) de Naciones Unidas, por causa del informe elaborado por Prisoners Defenders y Consorcio Justicia en dicho Comité, que fue solicitado exprofeso, condenó la actual Ley de Asociaciones en Cuba, Ley 54/1985, por impedir tanto asociaciones independientes como, en el ámbito de las mujeres, asociaciones alternativas a las creadas por el mismo régimen.
La denuncia realizada por Prisoners Defenders y Consorcio Justicia este pasado 27 de noviembre, actualización de un documento presentado unas semanas antes, demuestra que no existe en Cuba espacio, ni en la Constitución, ni en el Código Penal, ni en la legislación, para poder ejercer los derechos de libre reunión, asociación y manifestación en Cuba. Ejercerlos está conllevando, para muchos ciudadanos, penas de privación de libertad que, en algunos casos, pueden alcanzar los 30 años de privación de libertad.
Prisioneros políticos verificados en Cuba este pasado mes de diciembre
Con cierre de datos a fecha 31 de diciembre de 2024, la lista de prisioneros políticos en Cuba contiene un total de 1.161 prisioneros políticos y de conciencia sufriendo condenas judiciales o disposiciones de limitación de libertad por parte de las fiscalías sin supervisión judicial alguna, debido proceso o defensa efectiva, en flagrante violación de la ley internacional, lista que cada mes hacemos pública y distribuimos en todos los ámbitos políticos, diplomáticos y de defensa de los derechos humanos. En los últimos 12 meses (1 de enero a 31 de diciembre de 2024) la lista de prisioneros políticos de Cuba sumó un total de 166 nuevos presos políticos (un promedio de 14 presos políticos nuevos cada mes). Esto supone que a lo largo de estos 12 meses estuvieron presentes en la lista un total de 1.219 prisioneros políticos, recordamos una vez más, todos ellos torturados.
Cuba ha totalizado 1.801 presos políticos presentes en sus cárceles desde el 1 de julio de 2021 hasta final del mes de diciembre pasado, en apenas 3 años y seis meses.
Han entrado este pasado mes de diciembre en nuestra lista 16 nuevos prisioneros políticos. Y 3 prisioneros políticos han salido de nuestra lista este mes pasado tras el cumplimiento íntegro de la sanción o medida impuesta.
Entre los presos políticos hemos documentado hasta la fecha, en la lista actual, 648 presos con patologías médicas graves y 70 presos con trastornos graves de la salud mental, sin tratamiento médico ni psiquiátrico adecuado.
De los 1.148 prisioneros políticos:
- Los prisioneros que han sido detenidos siendo menores se ha incrementado este mes con tres menores más, dos de ellos detenidos por recientes manifestaciones (Roy Galindo, con 17 años, detenido en Manicaragua, y Rafael borrero Torres, detenido por las manifestaciones de Palmarito de Cauto, Santiago de Cuba), lo que suma total de 33 (31 chicos y 2 chicas) actualmente entre los prisioneros políticos. 29 de ellos aún cumplen sentencia y 4 están procesados penalmente con medidas cautelares sin tutela judicial alguna. En un informe destinado a las Naciones Unidas, el régimen de Cuba reconoció la veracidad de nuestras cifras. Hay que tener en cuenta que la cifra actual, sin embargo, no contempla otras muchas decenas de menores que ya han salido de la lista de presos políticos por haber cumplido íntegramente sus condenas. Los menores en Cuba son prisioneros en centros de carácter totalmente penitenciario, auténticas prisiones, que eufemísticamente se denominan “Escuelas de Formación Integral”, pero no dependen del Ministerio de Educación, sino del Ministerio de Interior. En estos auténticos centros penitenciarios con celdas se confinan, como ya denunció el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas el 9 de junio de 2022 en su Informe de Conclusiones, un mínimo de 150 niños por debajo de los 16 años cada año en Cuba. El mismo Comité destacó también como son, además, en torno a 260 los niños de 16 y 17 años cada año en Cuba los que sufren privación de libertad en prisiones convencionales. 410 menores, por tanto, sufren prisión al año en Cuba, según han podido confirmar las propias Naciones Unidas.
- 15 de estos menores mencionados han sido ya condenados por Sedición. La pena media de estos menores condenados por sedición es de 5 años de privación de libertad, un castigo en promedio superior al que sufrían, antes del #11J, los adultos en prisión política. En la actualidad la mayoría se encuentran en reclusión domiciliaria o trabajo forzado sin internamiento.
- De nuestra lista actual, 219 manifestantes han sido acusados de sedición y 218 ya han sido sentenciados a un promedio de 10 años de privación de libertad cada uno.
- La cifra de mujeres actualmente prisioneras, incluyendo condenadas en limitación de libertad domiciliar, es de 127 mujeres (incluyendo menores y dos de género trans), las que aún sufren autos y condenas políticas y de conciencia.
- Todas las mujeres trans en prisión de conciencia han estado y están encarceladas entre hombres, lo cual sucede también con las presas trans comunes, sufriendo situaciones, entre hombres, indescriptibles para su condición sexual.
- Entre los presos políticos hemos identificado 648 presos con patologías médicas graves, habiendo confirmado que la causa se debe a la falta de alimentación, los maltratos, el ambiente represivo y su agravamiento por dicha falta de atención médica adecuada. Por otro lado, hemos verificado 70 presos políticos con trastornos graves de la salud mental sin tratamiento médico ni psiquiátrico adecuado.
892 Convictos de Conciencia, 230 condenados de conciencia y 39 otros
Convictos de Conciencia y Condenados de Conciencia son aquellas personas cuya privación de libertad, los primeros, o limitación de libertad (los segundos), sea consecuencia de:
- La violación por motivos políticos, raciales, de género, ideológicos o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, del ejercicio de los derechos de libertad de conciencia, pensamiento, expresión, manifestación, reunión y/o asociación u otros derechos humanos fundamentales.
- La violación por motivos políticos, raciales, de género, ideológicos o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, de los principios de presunción de inocencia y/o debido proceso o como consecuencia de una investigación prospectiva.
- La violación por motivos políticos, raciales, de género, ideológicos o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, del principio de neutralidad, imparcialidad y/o derecho a la defensa.
En otro grupo más complejo de catalogar, Otros Presos Políticos, incluimos casos en privación completa de la libertad, pero no catalogables como Convictos de Conciencia por acciones penalmente reprochables, si bien en su causal de origen está la represión de derechos fundamentales, y no la infracción o delito per-sé, y cuyos desproporcionados procesos y penas han sido ejecutados mediante una violación grave a sus derechos de defensa y debido proceso, causado todo ello por motivos políticos y/o ideológicos.
Por ello, los 1.161 prisioneros políticos verificados por su ejercicio de la defensa de sus derechos fundamentales se dividen en Convictos de Conciencia, Condenados de Conciencia y Otros Presos Políticos, que pueden ser examinados en nuestra lista de prisioneros políticos.
La clasificación actual de éstos es la siguiente:
- 892 Convictos de Conciencia
- 230 Condenados de Conciencia
- 39 casos de Otros Presos Políticos
Desobediencia Penal Precriminal, presos sin delito: otros 11.000 prisioneros políticos
Reconocemos en Prisoners Defenders, durante el mes de diciembre de 2024, 1.161 prisioneros políticos relacionados con un activismo o expresión pública evidente de oposición a las políticas gubernamentales, o en el ejercicio y/o la defensa activa y pública de los derechos fundamentales del ser humano.
Pero también reconocemos otros más de 11.000 civiles, jóvenes -afrocubanos en su inmensa mayoría- no pertenecientes a organizaciones opositoras, con penas medias de 2 años y 10 meses, que sufren condenas “precriminales”, es decir, sin delito alguno cometido ni en grado de tentativa.
El Código Penal vigente hasta diciembre de 2022, y que condenó a la mitad de ellos aun cumpliendo pena, contemplaba que eran personas con tendencia a poder cometer delitos en el futuro “por la conducta que observa en contradicción manifiesta con las normas de la moral socialista” (Art. 72 de Código Penal vigente hasta diciembre de 2022). Así, se les impusieron penas de 1 a 4 años de prisión sin delito: ni investigado, ni sucedido, ni cometido, ni tentativo.
No sólo permanecen condenados por predelictiva los jóvenes que fueron sentenciados antes de diciembre de 2022. En el nuevo Código Penal, en vigor el pasado 1 de diciembre de 2022, se mantiene intacta la capacidad de condenas precriminales, o sin delito. Así, el artículo 434.1. de este nuevo Código Penal indica que “La autoridad competente del Ministerio del Interior puede advertir oficialmente a quien de forma reiterada realice acciones que la hagan proclive a delinquir o a quebrantar el orden social y constitucional”. Esta advertencia se convierte inmediatamente en una condena penal gracias a los nuevos artículos introducidos para ello, como el artículo 189.3., que dispone hasta 2 años de prisión por no atender dichas advertencias, fijadas por el art. 434.1., de ser “proclive a delinquir o a quebrantar el orden social y constitucional”.
Lógicamente, estas penas se aplican desde los 16 años de edad a todos aquellos que osen mostrar desafecto por las políticas gubernamentales. También se emplean para satisfacer actos represivos personales y abusos de poder de tipo personal o ideológico. Todos estos casos, gracias al nuevo Código Penal, se dirimen de forma sumaria mediante Atestado Directo (ES / EN / FR), un proceso policial sin posible defensa, como hemos explicado en un informe del 6 de junio de 2024.
El mero informe de las autoridades policiales indicando una “conducta inadecuada” permite, sin delito alguno, encarcelar de forma sumaria año tras año, por decisiones inmediatas y sin posible defensa, a más de 3.850 personas condenadas cada año por esta sola causa en el país, para sumar una cifra estacionaria de 11 mil personas condenadas por su hipotética “Desobediencia Penal Precriminal” en la Cuba actual.
Desde hace décadas, se ha condenado a prisión a una media de 3.850 personas al año por esta causa, antes llamada Peligrosidad Social Predelictiva y a la que el nuevo Código Penal ha dado continuidad con la Desobediencia Penal Precriminal.
El régimen argumenta en ámbitos diplomáticos que ya no condena a presos por causas precriminales debido a que han eliminado los artículos 72 al 84 en el nuevo Código Penal, pero al mismo tiempo publica en el Granma cómo instruye a sus jueces para potenciar la nueva Desobediencia Penal Precriminal. [1]
[1] Guardado en Web Archive: https://web.archive.org/web/20240605165025/https://www.granma.cu/cuba/2024-05-20/ante-el-delito-de-desobediencia-no-puede-existir-impunidad-20-05-2024-00-05-04
