A 3 años de las históricas manifestaciones pacíficas del 11J en Cuba, en Prisoners Defenders hemos contabilizado un total de 1.728 presos políticos en Cuba en este período de tres años, entre los que no contabilizamos las detenciones temporales de corta o media duración, sino sólo los procesamientos penales mediante medidas cautelares o sentencias. 150 figuraban como prisioneros políticos a inicios de julio de 2021 y 1.578 han sido nuevas altas en la lista durante estos tres años, mientras que 611 son los que desde entonces han cumplido íntegramente sus condenas.
Tres años de infierno para miles de familias y presos de conciencia
A 3 años de las históricas manifestaciones pacíficas del 11J en Cuba, en Prisoners Defenders hemos contabilizado un total de 1.728 presos políticos en Cuba en este período de tres años, entre los que no contabilizamos las detenciones temporales de corta o media duración, sino sólo los procesamientos penales mediante medidas cautelares o sentencias. 150 figuraban como prisioneros políticos a inicios de julio de 2021 y 1.578 han sido nuevas altas en la lista durante estos tres años, mientras que 611 son, de entre el total monitorizado por nuestra organización, los que desde entonces han cumplido íntegramente sus condenas.
Las familias siguen amenazadas y maltratadas, los presos torturados, y nuevos presos políticos y cientos de condenados por la Desobediencia Penal Precriminal, cada mes, siguen siendo la tónica de la represión carcelaria por motivos de conciencia en Cuba, sin que haya esperanzas reales de liberación para los presos políticos en Cuba. No obstante, la presión de los últimos meses sobre Cuba por parte de las Naciones Unidas (Comunicados AL CUB 2/2023, AL CUB 4/2023 y AL CUB 2/2024, así como la sentencia del Grupo de Trabajo para la Detención Arbitraria sobre los presos del 11J en Cuba, la Op.13/2024) están elevando el coste político público para el régimen por tener a los presos encarcelados, lo que contribuye a las acciones de ciertas naciones democráticas y otros agentes, que tratan de obtener la liberación de los presos políticos en Cuba, tengan mayores opciones de conseguir objetivos reales.
Continúa el operativo represivo a gran escala contra la prensa independiente
Según su último informe, el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP)ha registrado en el mes de junio 38 incidentes violatorios graves en la isla contra periodistas independientes y activistas: ataques, amenazas y agresiones psicológicas, así como el uso abusivo del poder estatal.
De las violaciones, 15 fueron ataques, amenazas y/o agresiones psicológicas, 11 usos abusivos de poder estatal, 6 detenciones arbitrarias, 5 reclusiones y una agresión física, la mayoría de ellos en las provincias de La Habana (17), Pinar del Río (5), Cienfuegos (5) y Santiago de Cuba (5).
Un total de 27 personas fueron víctimas de algún acto violatorio, de ellos 23 hombres y 4 mujeres. Presos políticos (7), activistas (6) y periodistas (6) fueron los grupos más hostigados en este periodo.
Destacan el caso de la presa política Sulmira Martínez Pérez, para quien la fiscalía pide una condena de 10 años de cárcel por animar a los cubanos en redes sociales a protestar contra el gobierno, y el del activista José Antonio Pompa López, acusado de “propaganda contra el orden constitucional”, supuestamente por lanzar proclamas contra la dictadura.
El periodista independiente Omar Suárez Campos fue internado cuatro días en el Hospital Psiquiátrico “Isidro de Armas” en Pinar del Río, sin razón médica alguna, por denunciar la escasez de agua. Tras permitírsele salir de su reclusión forzada, Suárez Campos afirmó a ICLEP que el 14 de junio, personal del Ministerio de Salud Pública acompañados por fuerzas represivas del Ministerio del Interior, lo detuvieron y condujeron en una ambulancia, en contra de su voluntad, hasta el centro hospitalario.
El pasado 18 de junio fueron detenidas la historiadora y activista Alina Bárbara López Hernández y su colega Jenny V. Pantoja Torres, quien fue desde La Habana a Matanzas para acompañar a Alina a La Habana, ya que previamente la primera había sufrido una golpiza de los oficiales al detenerla. Cuando se dirigían desde Matanzas rumbo a La Habana a su actividad pacífica de reivindicación, ambas fueron detenidas y acusadas por ”atentado”. No bastando este actuar criminal de las autoridades cubanas, dos días después, a la salida de su casa Jenny fue además acosada y amenazada por dos oficiales de la contrainteligencia, que amenazaron con dejarla sin trabajo, a ella y a su esposo. Desde entonces la impiden salir de su casa cuando a las autoridades se les antoja bajo amenaza de detención, es decir, una medida de reclusión domiciliaria arbitraria y de facto, han detenido a personas que la han visitado, y se han personado en su lugar de trabajo para conseguir que sus jefes la despidan del empleo, lo que no ha surtido aún efecto y no han podido todavía expulsarla porque la Decana de la facultad universitaria donde ella imparte clases pidió un informe sobre el trabajo de Jenny y fue valorado de “intachable“.
Negación de beneficios de excarcelación pese a cumplir requisitos legales
Casi todos los presos políticos, como ya denunció Prisoners Defenders desde 2021 (ES / EN), sufren la negación de forma arbitraria de las medidas de gracia establecidas para los convictos en el sistema penitenciario cubano. El régimen viola sus propias leyes en todos estos casos.
Un mero ejemplo, pero no por ello menos grave, es el del prisionero político Javier González Fernández, que cumple condena de 4 años de cárcel en la Prisión de Trabajos Forzados Guanajay (Artemisa) por manifestarse pacíficamente el 11 de julio de 2021 en Cuba.
En 2003, Javier sufrió una contusión cerebral que derivó en un trastorno depresivo mayor, trastorno de ansiedad generalizada e insomnio crónico por lo que debe seguir tratamientos para la higiene del sueño y antidepresivo, tratamientos y medicamentos que se le niegan en prisión. Aun cuando la Comisión Médica solicitó la licencia extrapenal para el preso político en diciembre de 2023, ésta le fue denegada por órdenes de la Seguridad del Estado. Desde entonces le han negado la libertad condicional y, por tercera vez ahora, la licencia extrapenal. Su situación neurológica en el penal empeora gravemente sin medicamentos y sin las mínimas condiciones para tratar su patología.
Prisioneros políticos verificados en Cuba este pasado mes de mayo
Con cierre de datos a fecha 30 de junio de 2024, la lista de prisioneros políticos en Cuba contiene un total de 1.117 prisioneros políticos y de conciencia sufriendo condenas judiciales o disposiciones de limitación de libertad por parte de las fiscalías sin supervisión judicial alguna, debido proceso o defensa efectiva, en flagrante violación de la ley internacional, lista que cada mes hacemos pública y distribuimos en todos los ámbitos políticos, diplomáticos y de defensa de los derechos humanos. En los últimos 12 meses (1 de julio de 2023 a 30 de junio de 2024) la lista de prisioneros políticos de Cuba sumó un total de 171 nuevos presos políticos (un promedio de casi 15 presos políticos nuevos cada mes en Cuba). Esto supone que a lo largo de estos 12 meses estuvieron presentes en la lista un total de 1.204 prisioneros políticos, recordamos una vez más, todos ellos torturados.
Han entrado este mes de junio en nuestra lista 5 nuevos prisioneros políticos. Y 1 prisionero político ha salido de nuestra lista este mes pasado tras el cumplimiento íntegro de la sanción o medida impuesta.
De los 1.117 prisioneros políticos:
- Los prisioneros que, detenidos siendo menores, siguen estando en la lista son 29 chicos y 1 chica, en total 30 menores. 27 de ellos aún cumplen sentencia y 3 aún siguen en proceso penal con medidas cautelares sin tutela judicial alguna. En su último informe a Naciones Unidas, el régimen de Cuba reconoció la veracidad de estas cifras. Hay que tener en cuenta que la cifra actual, sin embargo, no contempla otras muchas decenas de menores que ya han salido de la lista de presos políticos por haber cumplido íntegramente sus condenas. Los menores en Cuba son prisioneros en centros de carácter totalmente penitenciario, auténticas prisiones, que eufemísticamente se denominan “Escuelas de Formación Integral”, pero no dependen del Ministerio de Educación, sino del Ministerio de Interior. En estos auténticos centros penitenciarios con celdas se confinan, como ya denunció el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas el 9 de junio de 2022 en su Informe de Conclusiones, un mínimo de 150 niños por debajo de los 16 años cada año en Cuba. El mismo Comité destacó también como son, además, en torno a 260 los niños de 16 y 17 años cada año en Cuba los que sufren privación de libertad en prisiones convencionales. 410 menores, por tanto, sufren prisión al año en Cuba, según han podido confirmar las propias Naciones Unidas.
- 14 de estos menores mencionados han sido ya condenados por “Sedición”. La pena media de estos menores condenados por sedición es de 5 años de privación de libertad, un castigo en promedio superior al que sufrían, antes del #11J, los adultos en prisión política. En la actualidad la mayoría se encuentran en reclusión domiciliaria o trabajo forzado sin internamiento.
- De nuestra lista actual, 225 manifestantes han sido acusados de sedición y 223 ya han sido sentenciados a un promedio de 10 años de privación de libertad cada uno.
- La cifra de mujeres actualmente prisioneras, incluyendo condenadas en limitación de libertad domiciliar, es de 118 mujeres (incluyendo menores y dos de género trans), las que aún sufren autos y condenas políticas y de conciencia.
- Todas las mujeres trans en prisión de conciencia han estado y están encarceladas entre hombres, lo cual sucede también con las presas trans comunes, sufriendo situaciones, entre hombres, indescriptibles para su condición sexual.
- Entre los presos políticos hemos identificado 304 presos con patologías médicas graves sin tratamiento médico adecuado, y hemos podido confirmar que la causa se debe a la falta de alimentación, los maltratos, el ambiente represivo y su agravamiento por dicha falta de atención médica adecuada.
862 Convictos de Conciencia, 219 condenados de conciencia y 36 otros
Convictos de Conciencia y Condenados de Conciencia son aquellas personas cuya privación de libertad, los primeros, o limitación de libertad (los segundos), sea consecuencia de:
- La violación por motivos políticos, raciales, de género, ideológicos o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, del ejercicio de los derechos de libertad de conciencia, pensamiento, expresión, manifestación, reunión y/o asociación u otros derechos humanos fundamentales.
- La violación por motivos políticos, raciales, de género, ideológicos o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, de los principios de presunción de inocencia y/o debido proceso o como consecuencia de una investigación prospectiva.
- La violación por motivos políticos, raciales, de género, ideológicos o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, del principio de neutralidad, imparcialidad y/o derecho a la defensa.
En otro grupo más complejo de catalogar, Otros Presos Políticos, incluimos casos en privación completa de la libertad, pero no catalogables como Convictos de Conciencia por acciones penalmente reprochables, si bien en su causal de origen está la represión de derechos fundamentales, y no la infracción o delito per-sé, y cuyos desproporcionados procesos y penas han sido ejecutados mediante una violación grave a sus derechos de defensa y debido proceso, causado todo ello por motivos políticos y/o ideológicos.
Por ello, los 1.117 prisioneros políticos verificados por su ejercicio de la defensa de sus derechos fundamentales se dividen en Convictos de Conciencia, Condenados de Conciencia y Otros Presos Políticos, que pueden ser examinados en nuestra lista de prisioneros políticos.
La clasificación actual de éstos es la siguiente:
- 862 Convictos de Conciencia
- 219 Condenados de Conciencia
- 36 casos de Otros Presos Políticos
Desobediencia Penal Precriminal, presos sin delito: otros 11.000 prisioneros políticos
Reconocemos en Prisoners Defenders, durante el mes de junio de 2024, 1.117 prisioneros políticos relacionados con un activismo o expresión pública evidente de oposición a las políticas gubernamentales, o en el ejercicio y/o la defensa activa y pública de los derechos fundamentales del ser humano.
Pero también reconocemos otros más de 11.000 civiles, jóvenes -afrocubanos en su inmensa mayoría- no pertenecientes a organizaciones opositoras, con penas medias de 2 años y 10 meses, que sufren condenas “precriminales”, es decir, sin delito alguno cometido ni en grado de tentativa.
El Código Penal vigente hasta diciembre de 2022, y que condenó a la mitad de ellos aun cumpliendo pena, contemplaba que eran personas con tendencia a poder cometer delitos en el futuro “por la conducta que observa en contradicción manifiesta con las normas de la moral socialista” (Art. 72 de Código Penal vigente hasta diciembre de 2022). Así, se les impusieron penas de 1 a 4 años de prisión sin delito: ni investigado, ni sucedido, ni cometido, ni tentativo.
No sólo permanecen condenados por predelictiva los jóvenes que fueron sentenciados antes de diciembre de 2022. En el nuevo Código Penal, en vigor el pasado 1 de diciembre de 2022, se mantiene intacta la capacidad de condenas precriminales, o sin delito. Así, el artículo 434.1. de este nuevo Código Penal indica que “La autoridad competente del Ministerio del Interior puede advertir oficialmente a quien de forma reiterada realice acciones que la hagan proclive a delinquir o a quebrantar el orden social y constitucional”. Esta advertencia se convierte inmediatamente en una condena penal gracias a los nuevos artículos introducidos para ello, como el artículo 189.3., que dispone hasta 2 años de prisión por no atender dichas advertencias, fijadas por el art. 434.1., de ser “proclive a delinquir o a quebrantar el orden social y constitucional”.
Lógicamente, estas penas se aplican desde los 16 años de edad a todos aquellos que osen mostrar desafecto por las políticas gubernamentales. También se emplean para satisfacer actos represivos personales y abusos de poder de tipo personal o ideológico. Todos estos casos, gracias al nuevo Código Penal, se dirimen de forma sumaria mediante Atestado Directo (ES / EN / FR), un proceso policial sin posible defensa, como hemos explicado en un informe del 6 de junio de 2024.
El mero informe de las autoridades policiales indicando una “conducta inadecuada” permite, sin delito alguno, encarcelar de forma sumaria año tras año, por decisiones inmediatas y sin posible defensa, a más de 3.850 personas condenadas cada año por esta sola causa en el país, para sumar una cifra estacionaria de 11 mil personas condenadas por su hipotética “Desobediencia Penal Precriminal” en la Cuba actual.
Cada año se ha condenado a prisión, desde hace décadas, a una media de 3.850 personas por esta causa, antes llamada Peligrosidad Social Predelictiva y a la que el nuevo Código Penal ha dado continuidad con la Desobediencia Penal Precriminal.
El régimen argumenta en ámbitos diplomáticos que ya no condena a presos por causas precriminales debido a que han eliminado los artículos 72 al 84 en el nuevo Código Penal, pero al mismo tiempo publica en el Granma cómo instruye a sus jueces para potenciar la nueva Desobediencia Penal Precriminal. [1]
[1] Guardado en Web Archive: https://web.archive.org/web/20240605165025/https://www.granma.cu/cuba/2024-05-20/ante-el-delito-de-desobediencia-no-puede-existir-impunidad-20-05-2024-00-05-04
